El Parlamento Europeo insta a la Comisión a impulsar nuevas medidas contra la corrupción y el crimen organizado. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que los eurodiputados proponen a la Comisión la creación de “listas negras” de empresas implicadas en prácticas corruptas y prohibir su acceso a contratos públicos y fondos comunitarios. Asimismo, los parlamentarios plantean la inhabilitación obligatoria de los condenados por blanqueo, corrupción u otros delitos graves así como la implantación de reglas comunes sobre confiscación de activos y su uso para fines sociales.
A juicio de la Eurocámara, es necesario acordar un plan de acción conjunto para erradicar el crimen organizado, el fraude y la corrupción. Los eurodiputados consideran que ésta debe ser una prioridad para la UE y recuerdan que la cooperación policial y judicial entre los estados miembros es crucial.
“Europa debe entender la compleja cuestión del crimen organizado y el peligro derivado de la infiltración de las organizaciones criminales en el tejido social, económico y político de los países de la UE. El código penal de los estados miembros tiene que adaptarse a este desafío. Por eso pedimos medidas legislativas urgentes e incisivas a nivel comunitario para dotar a las fuerzas de seguridad con las herramientas necesarias para combatir a los grupos criminales en Europa”, señaló la ponente del texto, Laura Ferrara, eurodiputada italiana del Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa.
Los eurodiputados argumentan que la elaboración de “listas negras” de empresas que tengan vínculos probados con la delincuencia organizada o estén implicadas en prácticas corruptas puede ser un medio eficaz de disuasión y un buen incentivo para que mejoren y refuercen sus procedimientos internos. Abogan, asimismo, por la instauración de un sistema completo de contratación pública electrónica para toda la Unión a fin de reducir el riesgo de corrupción.
Por otro lado, el Parlamento comunitario cree que Europol debería crear una unidad especializada para combatir a los grupos de delincuencia organizada activos en distintos sectores e insta a crear reglas comunes para la protección de los delatores antes de que termine 2017.
A juicio de la Cámara europea, hacen falta también normas obligatorias para la inhabilitación de los condenados por actividades relacionadas con la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales, la corrupción u otros delitos graves, tanto para concurrir a las elecciones como para trabajar para las administraciones, incluidas las instituciones, organismos y agencias de la Unión. La resolución salió adelante con 545 votos a favor, 91 en contra y 61 abstenciones.
