Un centenar de profesores en Derecho advierten del peligro de los tribunales de arbitraje del TTIP

101 profesores de Derecho de 24 países europeos alertan de que los mecanismos de protección de las inversiones traerán un “fuerte conflicto con el derecho y los principios democráticos”. Las advertencias de los expertos no se detienen por muchos meses que el TTIP y el CETA estén en la esfera política y mediática. Un total de 101 profesores y profesoras de Derecho de 24 países europeos han presentado una nota legal alertando de a las personas encargadas de decidir sobre estos acuerdos que una parte significativa de la comunidad jurídica considera que los mecanismos de protección de las inversiones en ambos tratados “son muy problemáticos y no son compatibles con el estado de derecho”.
 
“Como miembros de la comunidad legal europea solicitamos no incluir la protección de inversiones y los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y Estados”, comienza la nota de los expertos. Pero, ¿en qué consiste dichos mecanismos de resolución? Como han definido los profesores, estos procedimientos otorgan a los inversores extranjeros “el derecho a demandar a la UE y sus Estados miembros ante tribunales privados por posibles pérdidas de beneficios supuestamente derivadas de normas que promueven el bienestar público”.
 
Una cuestión que se ha convertido en una de las advertencias que más han realizado las organizaciones contrarias al TTIP y al CETA, pero que los 101 expertos vuelven a rescatar en una fase determinante para el futuro de ambos tratados. Porque, como sostienen los profesores, “la protección de inversiones significa un sutil traslado del poder a favor de actores comerciales individuales y ya muy influyentes, a la vez que debilita la atención al interés público y limita el cambio democrático”.
 
Pero no es la única consecuencia que podría traer el TTIP y el CETA en esta materia. Los expertos avanzan que los gobiernos “podrían empezar a abdicar de medidas a favor del interés público” por culpa de la “amenaza del arbitraje de inversiones”. Por no hablar, según relata la carta legal, que estos arbitrajes “carecen de las salvaguardias legales que aseguran independencia e imparcialidad, dos pilares cruciales de la ley”.
 
De hecho, los últimos movimientos de la Unión Europea para abordar estos problemas que señalan los expertos no han sido suficientes: se siguen dejando “vacíos legales alarmantes”. “Y, lo más importante, no lograron limitar la protección sustantiva únicamente a la no discriminación”, recalca la misiva. Por lo que se siguen otorgando “privilegios sustantivos a los inversores extranjeros”.
 
Es más, con estos arbitrajes de inversiones, los expertos sostienen que existirá un “fuerte conflicto con el derecho y los principios democráticos consagrados en las constituciones nacionales y las leyes europeas”. Sin olvidar que la autonomía del orden legal de la Unión Europea quedaría dañada.
 
En definitiva, los 101 profesores de Derecho abogan por eliminar dichos sistemas de protección de las inversiones tanto en el TTIP como en el CETA ya que podrían “neutralizar cualquier disposición nacional o de la UE que imponga cargas financieras a individuos o corporaciones”.
 

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