La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) oficializó hoy la destitución de 28 diputados opositores por parte del tribunal electoral, decisión que otorga al presidente Daniel Ortega un virtual control total sobre el poder legislativo y el resto de los poderes del Estado.
La presidenta en funciones del Parlamento, Iris Montenegro, dijo que la Cámara acatará la resolución emitida el jueves por el Consejo Supremo Electoral, en respuesta a una solicitud de las nuevas autoridades del Partido Liberal Independiente (PLI), cuya representación legal le fue retirada a la oposición hace un mes.
Los diputados removidos son 16 propietarios y 12 suplentes que pertenecían al antiguo PLI y al también opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS), denunció ante los periodistas el jefe de la bancada opositora, Wilber Reyes.
En un comunicado, el MRS acusó al presidente Ortega de promover un «golpe de Estado», debido a que «los espacios institucionales se han cerrado para la oposición y para el pueblo».
«En la Asamblea Nacional, víctima de este golpe de Estado en marcha, solamente quedará la bancada orteguista y sus subordinados», agregó el informe, que además advirtió que el Gobierno prepara «un fraude electoral» en los comicios generales del próximo 6 de noviembre.
Ortega, postulado nuevamente a la Presidencia por el Frente Sandinista, controla además del Ejecutivo los cargos de poder en el tribunal electoral, el Poder Judicial y ahora el Parlamento, donde podrá legislar sin obstáculos ni voces opositoras.
El diputado Reyes anunció que los parlamentarios seguirán ejerciendo sus cargos como una «bancada independiente», debido a que fueron elegidos en los comicios de 2011 por voto popular.
El analista político Cirilo Otero afirmó que «esta situación tiene características de un golpe de Estado, porque daña la democracia, institucionalidad, la separación de poderes y mancha el proceso electoral venidero».
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió el pasado 8 de junio un fallo que le retiró al diputado opositor Eduardo Montealegre la representación legal del PLI y se la dio al liberal Pedro Reyes.
La CSJ aclaró que con esa sentencia resolvía una antigua disputa entre varias facciones del PLI que reclamaban su representación.
A partir de ese fallo, una coalición opositora integrada por el PLI, el MRS y otros partidos quedó excluida de participar en las elecciones presidenciales y legislativas, en las que Ortega buscará la reelección para un cuarto período de Gobierno.
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