El Parlamento griego, con la única discrepancia de los conservadores de Nueva Democracia que se ausentaron de la votación, da 60 días a sus cargos públicos para que vendan sus participaciones. Los ’papeles de Panamá’ han elevado el listón de exigencia a los políticos por parte de la opinión pública. Una reivindicación que ha intentado satisfacer el Parlamento griego al aprobar la prohibición de que cargos públicos helenos tengan acciones en sociedades con sede en el extranjero y, concretamente, en paraísos fiscales.
La iniciativa, a pesar de haber sido aprobada por mayoría, no ha estado exenta de polémica. La conservadora Nueva Democracia ha denunciado que “la prohibición es desmesuradamente severa, anticonstitucional y por eso inaplicable”. De hecho, la formación abandonó el Parlamento en señal de protesta y se ausentó de emitir su voto negativo.
De esta manera, Grecia tumba una de las medidas que estaban incluidas en la llamada ‘ley escoba’ aprobada la semana pasada para conseguir el visto bueno de los acreedores europeos. Desde que se conociese el paquete de leyes que incluía esa ‘ley escoba’, gran parte de la oposición –salvo Nueva Democracia- y de Syriza ha criticado duramente contra el artículo 178 que permitía ser accionista de estas empresas que tienen sede en el extranjero.
La enmienda fue finalmente aprobada con los votos a favor de la mayoría gubernamental -Syriza y Griegos Independientes (Anel)-, del partido comunista (KKE), del socialdemócrata Pasok, del centrista Potami y del neonazi Amanecer Dorado. Tan sólo dos partidos mostraron sus diferencias con el resto de formaciones: el partido Unión de Centristas votó en blanco y Nueva Democracia se ausentó en el momento de las votaciones.
Es por ello que este miércoles comienza el plazo de 60 días para que los cargos públicos comiencen a vender sus participaciones en estas empresas prohibidas. Una medida que afecta también a las parejas, padres e hijos de los personajes públicos, para así evitar lo que le sucedió a David Cameron que vio cómo su padre aparecía en los ‘papeles de Panamá’.
El ministro Anticorrupción, Dimitris Papanguelópulos, ha defendido la prohibición asegurando que así se corrige las insuficiencias de una ley de hace seis años que no incluía el término “paraísos fiscales” lo que provocaba ciertos vacíos legales.
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