Mientras Bruselas sigue mirando hacia otro lado con los casos de evasión fiscal, la inversión internacional en paraísos fiscales sigue creciendo al doble de velocidad que la economía mundial. Los Veintiocho están decididos a plantar cara a la evasión fiscal, máxime después del escándalo de los ‘papeles de Panamá’, que ha sacado los colores a personalidades de una veintena de países. La Eurocámara ya ha anunciado que se creará una comisión para arrojar luz sobre los más de 11 millones de datos filtrados por el Consorcio de Periodistas. Desde Bruselas se organizan para poner en marcha, primero, una lista común de paraísos fiscales y segundo, una normativa que obligue a las multinacionales a ser transparentes.
Unas reacciones que comienzan a ser familiares después de los otros dos escándalos por evasión fiscal que han ruborizado a la comunidad europea en los últimos años: ‘Luxleaks’ y la ‘lista Falciani’. El primero, saltó a principios de noviembre de 2014 y reveló los 340 acuerdos secretos entre el Gobierno de Luxemburgo y las multinacionales para disminuir drásticamente su nivel de cotización.
El segundo, vio la luz en febrero de 2015. Un informático del banco suizo HSBC realizó una lista con 30.000 cuentas bancarias que escondían más de 75.000 millones de euros libres de impuestos –o casi- en esta entidad. El informe fue entregado en 2009 a las autoridades francesas y tardó casi seis años en hacerse público.
Cada uno de estos escándalos estuvo inmediatamente seguido de una respuesta contundente por parte de las autoridades europeas. Tan sólo dos semanas después de que ‘saltase’ el caso Luxleaks, el departamento europeo de Competencia anunciaba que utilizaría la información filtrada para, llegado el caso, abrir un expediente contra el Estado luxemburgués. “Es información de mercado. Vamos a examinarla para evaluar si nos lleva a abrir nuevos casos”, afirmaba la comisaria responsable, Margrethe Vestager, en un tono tajante.
Tras la publicación de la ‘lista Falciani’ se volvió a debatir en Europa la necesidad de un impuesto mínimo para toda la zona euro que evite que las empresas trasladen su sede social a los países con las tasas más bajas de cotización. Los Veintiocho amenazaron con medidas comunes y eficaces.
Sin embargo, parece que toda esta contundencia se limitaba a intentar acallar el alboroto mediático y social del momento, más que a evitar nuevos escándalos que hacen tambalear a los estados de bienestar. “Las propuestas parciales de la Comisión Europea no son suficientes para poner fin a la evasión de impuestos, que priva a las personas más pobres del mundo de miles de millones en ingresos perdidos cada año”, señalaba esta semana la responsable de Oxfam Intermón en Reino Unido.
Y es que, el presidente de la Comisión Europea y ex primer ministro de Luxemburgo cuando se gestaron las concesiones a las multinacionales, Jean Claude Juncker, aún no ha respondido por el escándalo. El europarlamento ha rechazado ya dos veces la petición de Los Verdes de crear una comisión de investigación sobre el caso Luxleaks – por el contrario, abrieron una comisión especial sobre fraude y evasión fiscal. E incluso la jueza que llevaba el ‘caso Falciani’ en España, evitó en un principio que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tuviera que hacer públicos los nombres que aparecían en la lista –aunque finalmente salieron a la luz.
Mientras tanto, el desvío de la inversión internacional a paraísos fiscales está creciendo al doble de velocidad que la economía mundial. Esto significa que si las empresas que evaden impuestos se hubieran registrado en sus países de origen, estados como España podrían recaudar hasta 25.500 millones de euros adicionales, 18.300 de ellos provenientes de grandes fortunas y grandes empresas, según el último informe de Oxfam Intermón .
