La jefa de la diplomacia panameña en España denuncia el doble rasero de algunos países vecinos latinoamericanos y reconoce la ausencia de contactos con Montoro. La embajadora de Panamá en España ha apuntado hacia los papeles del despacho Mossack Fonseca como un aval de la lucha contra la corrupción emprendida por su país. Así, ha defendido que los titulares de las sociedades offshore supuestamente ilícitas han quedado al descubierto en virtud de la nueva legalidad vigente en la nación centroamericana.
“Soy parte del nuevo Gobierno que entró hace 21 meses -ha explicado María Mercedes de la Guardia de Corró- y creemos que este escándalo es positivo para implementar la regulación que se está poniendo en marcha” en esta materia, ha declarado. En este sentido, más allá de la “autocensura” que ya rige en el sistema bancario, la embajadora ha apuntado hacia cambios normativos para la actividad de despachos jurídicos, aseguradoras, reaseguradoras y otros sectores “vulnerables” a la práctica de actividades ilícitas al abrigo de sociedades offshore.
En línea con este discurso, pronunciado en un acto informativo organizado este martes por Executive Forum en Madrid en el que también ha tomado parte el presidente de la constructora española Sacyr, la embajadora panameña ha subrayado que ya no es posible en el país abrir cuentas bancarias con acciones al portador, y que las que así figuraban han quedado inmovilizadas. Este es el punto clave, ha destacado, por el que han trascendido los nombres de los asesorados por el despacho Mossack Fonseca, una firma con la que está vinculado un hasta hace poco ministro sin cartera del país centroamericano.
Además de este cambio normativo, De la Guardia ha enfatizado que los bancos son ya “casi impenetrables” de manera que una de las “quejas frecuentes” de los empresarios que buscan expandirse hacia Panamá es, según ha explicado, que “logran abrir cuentas en los bancos”, que se han blindado “para evitar escándalos y fines ilícitos”.
Colaboración con la Justicia y rivalidades en Latinoamérica
La más alta representante del Gobierno de Panamá en España ha explicado también que apenas un 20% de las firmas asesoradas por Mossack Fonseca están radicadas en territorio panameño, pero que en cualquier caso el país tiene la intención de colaborar “absoluta y vigorosamente” con los tribunales españoles de Justicia así como con la Agencia Tributaria, que por los tratados bilaterales suscritos tienen potestad para requerir ciertas informaciones adicionales.
En esta misma línea De la Guardia ha destacado que “no se brinda información abierta y automática de forma multilateral” por cumplimiento de la normativa vigente en el país así como “por el consumo de recursos humanos que sería necesario” para una actividad sin réditos para las arcas públicas, pues la esencia de las sociedades offshore radica en que no se aplican gravámenes a las rentas generadas fuera del país.
Al centro de la polémica desatada en los últimos días ha situado a algunos de sus países vecinos, y ha señalado especialmente hacia Colombia, que recientemente incluyó a Panamá en su listado oficial de paraísos fiscales. La diplomática ha denunciado en presencia de sus homólogos cubano, dominicano y venezolano que “hay países que se sienten incómodos” ante el “negocio próspero” de las sociedades offshore mientras que se valora el que se creen oportunidades de trabajo para empresas y personal internacional, lo que ha definido como un “doble estándar” de valoración.
La embajadora ha reconocido que desde que estalló el escándalo no ha tenido comunicación alguna con el ministro español en funciones Cristóbal Montoro. Sin embargo, ha destacado que en una reunión celebrada con su gabinete “el año pasado” se informó de “algunos tropiezos” en materia de intercambio de información a consecuencia del relevo de Gobierno y funcionarios en el país americano. Problemas que, según ha explicado, quedaron completamente subsanados cuando “no había pasado un mes” desde el encuentro con el titular de Hacienda.
