Bruselas vuelve a la carga contra las ayudas a los astilleros
El sistema, que el Tribunal General de la Unión Europea no ve como ilegal, permitía que las empresas navieras adquirieran buques construidos por astilleros españoles con descuentos de entre un 20% y un 30% El tira y afloja entre los astilleros y la Comisión Europea no tiene visos de acabar. El Ejecutivo europeo ha anunciado que recurrirá la decisión del Tribunal General de la Unión Europea que dictaba anular la devolución de las ayudas que recibieron los inversores de este sector. Con el recurso, el organismo que dirige Jean-Claude Juncker busca, de nuevo, frenar el ‘tax lease’ que permite a compañías y bancos invertir y después aprovechar descuentos fiscales. Algo que la justicia europea no ve ilegal.
La decisión de la Comisión Europea se produjo después de que el Tribunal General, de primera instancia, en diciembre diese la razón al sector rechazando las conclusiones que había extraído la Comisión Europea.
Un conflicto que se inició en 2006 cuando la CE recibió distintas denuncias, principalmente del sector de la construcción naval de otros Estados miembro donde se señalaba al ‘tax lease’. En éstas se ponía de manifiesto que ese sistema permitía que las empresas navieras adquirieran buques construidos por astilleros españoles con descuentos de entre un 20% y un 30% y provocaba así la pérdida de contratos de construcción naval para los denunciantes.
La respuesta del Ejecutivo europeo llegó en 2013 al estimar que ciertas medidas fiscales incluidas en ese sistema constituían una ayuda de Estado ilegal y eran parcialmente incompatibles con el mercado interior. Por todo esto, el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ordenó que se recuperara la ayuda únicamente de los inversores que se hubieran beneficiado de las ventajas en cuestión.
Una petición del socialista Almunia que le reportó una gran animadversión en las zonas donde los astilleros tienen más presencia. De hecho, en Vigo fue incluso declarada persona non grata. “Si se cree que nos vamos a callar por ser del mismo partido está muy equivocado”, le recordó Abel Caballero, alcalde de la ciudad y uno de los hombres fuertes del municipalismo del PSOE. Por su parte, el comisario defendió su posición recordando que los astilleros no sufrirían por la decisión, porque serían los inversores los que cargarían con la devolución del dinero.
Finalmente, el Tribunal General consideró que, al no existir ventajas económicas en favor de las agrupaciones de interés económico que intervenían en la venta de buques, “es errónea la conclusión de la CE según la cual dichas entidades se habían beneficiado de una ayuda estatal, puesto que sólo los inversores se beneficiaron de las ventajas fiscales y económicas” del sistema de bonificaciones. Hoy, la ‘batalla’ continúa.
Los astilleros responden
La patronal de astilleros privados Pymar ha considerado que el recurso que sale desde Bruselas es “dilatorio” así como que no prosperará porque las autoridades europeas “actuaron erróneamente”. En un comunicado, la consejera delegada de la agrupación, Almudena López, ha asegurado que la estrategia del Ejecutivo comunitario “no tiene posibilidad de prosperar” y que “son conscientes de que no ganarán”.
El optimismo que sale desde Pymar se basa en la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que, a su entender, fue “muy contundente, sólida y clara”. “De la misma forma que Pymar supo hacer valer ante el Tribunal General la posición del sector español, seguiremos defendiendo como hasta ahora los intereses de los astilleros en todas las instancias”, ha concluido López.
