En su evaluación, el ejecutivo comunitario también destaca que la configuración elegida para el Banco malo “no estuvo exenta de riesgos para el contribuyente”. A lo largo de la evaluación del “Programa de Asistencia al Sector Financiero” a España entre 2012 y 2014 publicada por la Comisión Europea, además de la poca importancia que se otorga a las consecuencias sociales negativas de algunas de las medidas impuestas, también destacan algunas referencias a diversos conflictos de intereses.
Sin ir más lejos, el informe del rescate al sector bancario hace referencia a ellos como factor relevante al hablar de la Sareb. Así, se señala que los bancos privados constituían la mayoría del accionariado del conocido como ‘banco malo’ al tiempo que, por un lado, competían con la entidad a la hora de vender productos inmobiliarios; mientras que, por el otro, podían ser ellas mismas quienes se los comprasen.
En su tono habitual de auto justificación, el documento intenta restar importancia a esta circunstancia al señalar que, por dicho motivo, en marzo del 2013, el órgano de gobierno de la Sareb aprobó una política relativa a conflictos de intereses. Sin embargo, olvida mencionar que eso fue más de medio año después del Real Decreto-Ley por el que, el 31 de agosto de 2012, se aprobaba la creación del “banco malo”.
Pese a ello, el informe también reconoce que la composición de capital y estructura de la Sareb “no estuvo exenta de riesgos para el contribuyente”. En particular, destaca que su apalancamiento y porcentaje de capital y deuda subordinada fue “relativamente bajo” en relación al de deuda senior garantizada por el Estado. Un factor que atribuye a una serie de motivos como el deseo del Gobierno español de limitar el impacto en la deuda pública evitando clasificar la ayuda financiera como deuda general del gobierno, a las dificultades de atraer al sector privado, o a la necesidad de que los bonos de la Sareb cumpliesen con los criterios de elegibilidad del Eurosistema para su uso como colateral en operaciones de refinanciación
Del mismo modo, aunque se justifica en base a la necesidad de actuar con rapidez, se critica la falta de un plan de desarrollo de negocio de la entidad y la forma en que se evaluaron sus activos. También se critica la estructura de gestión de activos ya que al separar la propiedad (que pasa a la Sareb) de la gestión (que mantienen las entidades) se genera una “falta de incentivos para que las entidades bancarias recuperen los préstamos no pagados o se deshagan de activos inmobiliarios al mejor valor posible”.
Por último, también aquí, el informe se hace eco de las quejas de los agentes sociales. En este caso, estos señalan que los bancos privados deberían haber contribuido en mayor medida al coste de la reestructuración del sector. Pero una vez más, el informe justifica el diseño final del programa apelando a que, para ello, habría sido necesario recurrir a la reestructuración de la deuda senior lo que, a su vez, habría provocado litigios y una probable huída de capitales.
