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La Comisión define como “apropiada” la legislación anti-desahucios del Gobierno

Esta declaración pertenece al informe de evaluación del rescate bancario a España. Un documento caracterizado por auto justificaciones y críticas implícitas. La Comisión Europea ha hecho pública la evaluación del “Programa de Asistencia al Sector Financiero” a España entre 2012 y 2014. Es decir, el informe del rescate al sector bancario. Un documento en el que destaca un cierto tono de auto justificación acompañado de continuos ‘paños calientes’ sobre los aspectos más discutibles del programa y el aminoramiento de las consecuencias sociales negativas de algunas de las medidas impuestas. Unas reformas sobre las que, por cierto, se destaca el “compromiso de las autoridades españolas para llevarlas a cabo”.

Así, por ejemplo, quizá el ‘paño caliente’ que pueda levantar mayor indignación entre los afectados por las medidas de ajuste estructural sea el relativo a legislación hipotecaria. De esta forma, el informe destaca que en base a “las crecientes preocupaciones sociales sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios” se desarrollaron varias iniciativas legislativas como la suspensión durante dos años de los desalojos de familias vulnerables junto a otras iniciativas como la Ley 1/2013 de protección a los deudores hipotecarios.

Unas actuaciones que la Comisión Europea califica nada menos que como “sensatas y oportunas” ya que, según su criterio, concedieron un “alivio temporal” a algunos hogares vulnerables. Además, a juicio de los evaluadores del programa, este tipo de medidas, junto al establecimiento de procedimientos de arbitraje para los afectados por las preferentes, contribuyeron a aumentar la credibilidad del programa.

Un juego de equilibrios que hace que pese a reconocer que el Memorándum de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) no atendió “explícitamente” al impacto social y distributivo de las medidas de ajuste, el grupo de evaluadores señale también que “esto no significa que no fuesen tenidas en consideración”. Incluso cuando se reconocen las quejas de los agentes sociales (que, por cierto, en ningún momento especifica) precisamente por dicho motivo y que futuros programas se beneficiarían de consideraciones específicas sobre “el impacto social y distributivo de las medidas”.

Ese grupo de agentes sociales indeterminado es señalado a lo largo del informe también para hacer referencia a sus quejas por no haber sido incluidos en el diseño del programa y por la escasez de medidas para mejorar la protección al consumidor. Un aspecto en el que de nuevo implícitamente se reconoce la crítica en el tono ‘velado’ que caracteriza al informe al señalar que, en el caso de futuros programas de asistencia al sector financiero, “se debería prestar una atención especial a la protección al consumidor”.