El candidato demócrata revela sus planes para la industria financiera entre las críticas de los analistas que consideran irrealizable la vía que propone. El candidato de las primarias demócratas a la presidencia de EE.UU., Bernie Sanders, ha elevado su apuesta a la hora de diferenciarse de su principal rival, Hillary Clinton, con un ataque a las grandes corporaciones del sector financiero. Según el senador por Vermont, «toda institución que sea demasiado grande para caer, no debería existir».
Una temática en la que está incidiendo con cada vez mayor intensidad en los últimos días ya que éste es quizá su punto más fuerte a la hora de marcar diferencias con la ex secretaria de Estado. Y no parece que le esté funcionando mal su estrategia, a juzgar por las cada vez más favorables encuestas para él en los dos primeros estados donde se celebrarán las primarias demócratas: Iowa y New Hampshire.
Pero más allá de cuestiones de estrategia electoral, quizá lo más relevante sea analizar los detalles que el senador ha ido ofreciendo de cómo piensa llevar a cabo sus planes. En un discurso ofrecido hace un par de semanas en Nueva York, el candidato demócrata afirmó que durante los primeros 100 días de su hipotético Gobierno, exigirá al Departamento del Tesoro una lista con todas las entidades que suponen un riegos sistémico. A continuación, “en el plazo de un año, mi Administración dividirá estas instituciones de forma que ya no constituyan tal amenaza para la economía”, declaró Sanders.
Una medida, que según los planes del principal rival de de Hillary Clinton en las primarias demócratas, podría ser impulsada a través de la Sección 121 de la Ley Dodd-Frank; es decir a través de acción ejecutiva. Una cuestión clave, ya que el consenso de los analistas es que los demócratas no conseguirán cambiar la mayoría republicana en el Congreso estadounidense en este año y, por tanto, no podrían hacerlo por la vía legislativa.
Sin embargo, según señala hoy Matthew Yglesias en Vox, es más que cuestionable que dicha Sección 121 realmente permita llevar a cabo lo que Sanders pretende. Así, aunque la Ley Dodd-Frank ofrece a los reguladores federales esta capacidad, eso «no quiere decir que dependa solamente del presidente». Por el contrario, sería necesario un voto previo de la Reserva Federal confirmando que dichas instituciones bancarias suponen una amenaza a la estabilidad financiera de EE.UU. Y posteriormente, aún serían necesarios de dos tercios del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (Financial Stability Oversight Council).
Unas mayorías que Sanders no tendría capacidad de alterar hasta, en el mejor de los casos, 2022; ya que cinco de los siete gobernadores de la Fed extienden su mandato hasta esa fecha… por lo menos. Es decir, los planes del senador demócrata serían imposibles de realizar en el plazo de un año como él afirma.
Una circunstancia que hace afirmar a Matthew Yglesias en el mencionado análisis que Sanders debería centrarse en desvelar quiénes serían sus nombramientos en las áreas claves de regulación del sector, ya que esta sería en realidad la mejor posibilidad de lograr cambios reales en el sector. Sin embargo el senador por Vermont no ha ofrecido aún detalles sobre sus planes al respecto. Quedaremos a la espera por tanto, para comprobar si los planes de Sanders se afianzan más allá de la estrategia electoral.
