Las propuestas del Gobierno griego buscan minimizar el impacto de las políticas de la Cuadriga. La oposición viene porque los organismos internacionales no han dado aún el visto bueno. Las presiones de los acreedores han provocado que el Gobierno griego haya tenido que aplazar hasta enero la votación de un paquete de medidas sociales -bautizado como “programa paralelo”- que buscan paliar el impacto de las políticas de austeridad. Antes de llevar al Parlamento heleno las propuestas tendrán que pasar por el visto bueno de la denominada Cuadriga (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional).
La oposición no viene por el coste del “programa paralelo” sino porque el Gobierno de Alexis Tsipras no ha consultado previamente el movimiento de llevar ante los diputados las propuestas. Con este proyecto, el Ejecutivo busca prolongar en un año las ayudas alimentarias para pobres y el almuerzo gratuito en escuelas de barrios desfavorecidos, ofrece seguro médico a los desempleados de larga duración y permite a la administración local elaborar programas sociales.
La intención de Tsipras también tiene un mensaje político donde pretende ‘calmar’ a su propio partido y rebajar la tensión que ha provocado el mensaje de la Cuadriga donde la reforma de las pensiones y la reforma laboral han suscitado fuertes críticas. De hecho, según los medios locales, los parlamentarios deberán afrontar votaciones más controvertidas a comienzos del nuevo año.
Esta paralización viene después de que la Comisión Europea tomase “buena nota” de las medidas aprobadas en el Parlamento de Grecia hace unas semanas y que actualmente se encuentran pendientes de la decisión final del Eurogrupo para dar salida al primer tramo del tercer rescate que afronta el país del sur de Europa. En este tercer programa se ha ordenado que toda ley que tenga implicaciones económicas deba ser consultada con los acreedores antes de su tramitación parlamentaria.
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