El país latinoamericano ya cuenta con una ley que obliga a las empresas a aumentar al 20% su participación ene energías limpias. La Cámara de Energía Renovable (Cader) argentina se encuentra en plena búsqueda de inversores para financiar proyectos de energía renovable que añadan siete GW a los que ya están instalados en el país latinoamericano.
La Cámara de Energía Renovable (Cader) argentina se encuentra en plena búsqueda de inversores para financiar proyectos de energía renovable que añadan siete GW a los que ya están instalados en el país latinoamericano.
Hace unos meses, Cader envió al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner una propuesta para impulsar este mercado. El paquete incluye energía eólica, solar, biomasa y pequeñas centrales hidroeléctricas que necesitan ser financiadas.
Julio Menéndez, gerente del organismo, ha asegurado que actualmente cuentan con muchos proyectos que están listos para construirse y que podrían estar terminados entre dos y cuatro años. Ha señalado, en una entrevista con Blomberg, que tienen muchas posibilidades con estas propuestas pero lo que ahora necesitan es “llegar a los posibles inversores”.
En el país, más del 60% de la energía proviene de combustibles fósiles, aunque el Congreso ha hecho modificaciones para que se apueste en mayor medida por la energía renovable. Actualmente, Argentina cuenta con 215 MW de energía eólica instalados y apenas existen plantas solares y biomasa, según recuerda el líder del gremio. Por ello, Menéndez insiste en la positivo de añadir siete GW podría satisfacer la demanda del país hasta el año 2021.
De cara a 2017, según la ley aprobada en Argentina en septiembre, el 8% de la energía de los consumidores industriales debe proceder de energías renovables. Según esta legislación, el porcentaje debe ir incrementándose hasta el 20% en 2021.
Además, la reglamentación incluye la creación de un fondo para financiar o comprar participaciones en proyectos de energía renovable. Así es posible llegar a cuerdos de compra de energía bilateral directamente entre generadores y grandes consumidores en lugar de obligar a los consumidores a interactuar con la empresa estatal del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
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