También se verán afectados los 22.000 trabajadores del Estado que no han opositado para sus cargos. El ministro de Planeamiento de Brasil, Nelson Barbosa, ha presentado este lunes un paquete de reformas administrativas que busca una mayor eficiencia y que incluye eliminar diez de los 39 ministerios existentes durante el mes de septiembre. De esta manera la presidenta del país, Dilma Rousseff intenta hacer un ‘lavado de cara’ al Gobierno de un país salpicado por numerosos casos de corrupción, por el que está siendo investigado en la operación ‘Lava Jato’, e intentar así conseguir algo de apoyo popular, inexistente en las encuestas.
Según ha explicado Barbosa, todavía no se han definido los ministerios que deben ser eliminados. “Existen varias propuestas posibles para alcanzar esta meta. Necesitamos escuchar a todos, aún no hemos elegido ninguna para que sea suprimido”, ha afirmado el ministro después de una reunión en la que ha participado también Rousseff. Lo que también se ha señalado es que los diez ministerios que desaparecerán deben ser escogidos teniendo en cuenta aspectos de gestión y políticos, como que los aliados del Gobierno –entre los que destaca el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)– controlan algunas de estas carteras.
Además de este recorte, el plan presentado por el ministro también contempla la reducción en las estructuras interinas de los ministerios, órganos e instituciones, así como la eliminación de algunas secretarías y la venta de terrenos del Estado. Asimismo, otro sector que se verá afectado por los recortes son los trabajadores del Estado que no han opositado para sus cargos y que actualmente ascienden a 22.000, de los que el 74% son funcionarios públicos y el resto contratados, según ha apuntado la Agencia Brasil.
El ministro de Planeamiento no ha dado información sobre la cantidad que pretende ahorrar el Ejecutivo con estos recortes, pero ha defendido que aumentará la productividad. “Con un mejor funcionamiento de la máquina, va a aumentar la productividad del Gobierno”, algo que es “vital y fundamental”, ha señalado. Estas medidas deben ser aprobadas por medio de proyectos de ley, decretos u ordenanzas para entrar en vigor.
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