A puerta cerrada y con total secretismo, las primeras potencias comerciales con EEUU y la Unión Europea a la cabeza negocian un acuerdo internacional contra la piratería que va mucho más allá de la conocida ya como ‘ley antidescargas’ en España, causante del último rifirrafe político y social. Pero las negociaciones no serán sencillas. Según una filtración reciente de un documento de la Comisión Europea que recoge la revista ‘Wired’ (la ‘Biblia’ del sector), EEUU exige al resto de países, entre los que también se incluyen Australia, Canadá, Japón o México, que hagan extensiva una regulación mucho más dura y que, además, prime más a Hollywood y a la industria discográfica que a los autores, algo que no comparte la UE, que aboga por imponer unas normas más proteccionistas para los creadores de contenidos.
Dicho documento (disponible en Elboletin.com), que consta de siete páginas y cuyo título es “Comentarios de la Unión Europea a la propuesta de EEUU” sugiere que la Administración Obama, en sus negociaciones a puerta cerrada sobre la Lucha contra la Falsificación y Comercio (ACTA, por sus siglas en inglés) ha olvidado los derechos de los autores y se centra en “facilitar el desarrollo continuo de la industria”. Obama se ha puesto al lado de la industria audiovisual, no sólo por el peso que tiene este sector en la economía, sino también porque es la encargada de exportar al resto del mundo la escala de valores del ‘american way of life’. Incluso, miembros de esta industria se han situado en puestos clave del Gobierno. El Departamento de Justicia, por ejemplo, cuenta en su gabinete con cinco ex abogados de la Recording Industry Association of America (RIIA).
Esta asociación, que representa a los sellos discográficos, ha desarrollado una estrategia con las compañías de telecomunicaciones del país. Proveedores de Internet como AT&T y Verizon envían e-mails de advertencia a los usuarios que descargan contenidos que no están sujetos al dominio público o bajo la licencia Creative Commons. Pero, ¿cómo se obtiene la información para identificar a los infractores? Si en España finalmente se obligara a las operadoras a dar esta información sin orden judicial provocaría un conflicto legal, ya que la intervención que exige podría invadir el secreto de las comunicaciones. y estas intervenciones requieren siempre la orden de un juez, como ocurre con Sitel.
El Gobierno de EEUU considera las negociaciones sobre la ACTA como información clasificada al asegurar que su contenido podría vulnerar la seguridad nacional.
La revista Wired no duda en criticar abiertamente esta postura, sobre todo después de que Obama prometiera en enero que estaba dispuesto a fomentar la transparencia pública, rompiendo de este modo con la herencia de Bush. El argumento de la seguridad nacional sorprende además porque son 27 países los que negocian este acuerdo, con lo que presuntamente tendrían acceso a información clasificada.
Pese al diferente criterio de Bruselas, sí que hay países que promueven unas leyes duras para luchar contra la piratería en la Red. Francia ha adoptado en su normativa la polémica amenaza de cortar la conexión a los internautas que se descarguen contenidos ilegales por una duración de hasta un año, tiempo durante el cual deberá pagar la cuota de abono. Los usuarios recibirán un primer aviso por e-mail y un segundo por carta certificada. Esta es la principal medida que recoge la controvertida Ley de Creación e Internet, conocida como Ley Hadopi, las siglas de la Alta Autoridad para la Difusión de las Obras y la Protección de Derechos en Internet, la autoridad administrativa independiente que gestionará la aplicación de las medidas. La ley fue aprobada a finales de septiembre pero hasta ahora no existe un calendario para su entrada en vigor.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde, seguirá en el cargo, porque la regulación propuesta sobre las descargas ilegales es “una iniciativa del Gobierno, no sólo de la ministra”. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega afirmó que la garantía que dio anoche Zapatero de que no se cerrará ninguna web “no supone en absoluto una desautorización” de la ministra. Unas horas antes de la intervención de De la Vega, el PP había pedido la dimisión de la ministra de Cultura. Aunque el Gobierno afirmó ayer que no se van a cerrar páginas web, miles de internautas están distribuyendo convocatorias para protestar esta tarde a las 20.00 contra el borrador de la ley.
