El jefe del Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, ha declarado que esta es una estrategia de “golpismo judicial activo” para desestabilizar al Gobierno. La presidenta de Argentina, Cristina F. Kirchner, y otros cargos públicos han sido imputados por el fiscal federal Gerardo Pillicita por encubrir a los iraníes sospechosos de llevar a cabo el atentado contra el banco judío AMIA, tal y como apuntaba la demanda presentada por el fiscal Alberto Nisman antes de ser asesinado.
En el escrito, Nisman acusaba a la presidenta, al canciller Héctor Timerman y a varios dirigentes vinculados a la cúpula del Gobierno de orquestar un plan para encubrir a los supuestos terroristas que acabaron con la vida de 84 personas en el ataque contra AMIA en 1994, a cambio de intensificar las relaciones comerciales entre ambos países.
Ante esto, el Gobierno argentino ha presentado ante la Justicia pruebas y antecedentes “jurídicamente relevantes” para defender a Kirchner de esta acusación. Además, el jefe del Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, ha declarado que esta es una estrategia de “golpismo judicial activo” para desestabilizar al Gobierno.
Así lo expresó en su rueda de prensa diaria, en la que aseguró que “los requerimientos de carácter judicial no persiguen una finalidad de carácter judicial, sino una finalidad de carácter político, para generar impacto político; no tienen ningún tipo de validez jurídica; no existe prueba indiciaria de eventual culpabilidad”.
La documentación aportada por el Gobierno incluye información relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición, información de la Secretaría de Inteligencia y datos estadísticos del Ministerio de Economía sobre el intercambio comercial, entre otras cosas, según ha informado la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que en Argentina tiene a cargo la defensa del Estado.
Críticas a las manifestaciones en recuerdo a Nisman
El Gobierno de Cristina F. Kirchner ha tachado de “narcos” y “antisemitas” a los organizadores de una manifestación el 18 de febrero para recordar Alberto Nisman, el fiscal asesinado un mes antes a esa fecha en circunstancias que aún se desconocen.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, ha advertido además de que las personas que acudirán a la marcha son los fiscales que “hicieron lo imposible” para que “no prosperara” la investigación sobre el atentado y aquellos que “justifican el robo de bebés durante la dictadura o abogados de reconocidos narcotraficantes”.
