La lucha abierta entre el Gobierno de Cristina F. de Kirchner y los fondos de inversión estadounidenses a cuenta de la reestructuración de la deuda Argentina, llega a la ONU en septiembre. China se ha sumado a la propuesta. El rifirrafe entre Argentina y los ‘fondos buitre‘ estadounidenses a cuenta de la reestructuración de deudas del país latino llegará a la ONU. El G77, que agrupa a las naciones en vías de desarrollo, más China llevarán ante la Organización una propuesta para establecer un marco regulatorio internacional para la reformulación de bonos soberanos.
La propuesta será debatida en la sede de la ONU el próximo 9 de septiembre, según ha adelantado el canciller argentino, Héctor Timerman, en compañía del ministro de Economía, Axel Kicillof. Con la iniciativa se pretende conseguir un marco regulatorio internacional que evite situaciones como la que enfrenta actualmente Buenos Aires, que tras haber acordado la reestructuración de su deuda con la mayor parte de los acreedores, ha visto bloqueadas sus intenciones por el rechazo de algunos fondos de bandera estadounidense.
En el caso de que Naciones Unidas apruebe la solicitud de los países en desarrollo, Argentina y el resto de países miembros de la Organización podrán realizar sus aportaciones para la redacción final de la norma. De este modo, se vendrían a evitar situaciones de inseguridad financiera como la provocada después de que el juez neoyorquino Thomas Griesa dictara sentencia en favor de los ‘fondos buitre’ en contra de lo pactado por la mayoría de los acreedores del país austral.
El canciller argentino mostró su intención en que antes de final de año el documento final pudiera estar listo. Una circunstancia para la que se necesitaría que «la mayoría [de los países] vote afirmativamente». Por su parte, el más polemista Kicillof, que muchos calificaron como ‘el delfín’ de la presidenta Cristina F. de Kirchner destacó que «un juez y tres millonarios están complicando hasta tal punto las reestructuraciones de deuda internacionales, que probablemente se tome el caso argentino como un disparador de una nueva convención internacional», insistió.
A pesar de estas palabras, el ministro de Economía subrayó que el objetivo de Argentina no es «ser un ejemplo de estudio» sino provocar una convención que «llame a la lógica» para demostrar que el problema que ahora sufre Buenos Aires es en realidad «un problema internacional». Mientras tanto, los capitales depositados por el país latinoamericano para hacer frente a sus deudas según los acuerdos de reestructuración siguen bloqueados por decisión del juez Griesa.
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