El Ministerio del Interior, liderado por Juan Ignacio Zoido, tiene reservados 10,8 millones de euros para el servicio de transporte de pasajeros extranjeros que vayan a ser deportados de España. Unas operaciones aéreas llenas de confidencialidad que han recibido múltiples denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos contra el deportado durante el trayecto.
El Boletín Oficial del Estado de este martes 9 de enero de 2018 recoge la convocatoria de la licitación para la contratación de servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia, entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países.
La convocatoria parte de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y el presupuesto base de licitación reservado para la contratación del servicio asciende a los 10.890.000 euros.
El plazo de ejecución del contrato será de 18 meses e incluye el transporte de pasajeros y carga, excepto el transporte de correo. Además, la empresa que sea la adjudicataria deberá garantizar la confidencialidad de las operaciones. Los vuelos de deportación de inmigrantes son considerados operaciones policiales y como tales, tienen carácter reservado.
Muchas ONG llevan años denunciando que durante estos vuelos se producen múltiples violaciones de derechos humanos.
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