El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo. (Foto: Congreso)
La decisión de Grande-Marlaska, explica el Ministerio en una nota, es consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que en su artículo 42 ordena la revisión y revocación de cualquier condecoración y recompensa concedida a quienes incurran en situaciones de este tipo. Además, la Disposición Adicional Tercera de la mencionada ley prevé de manera específica la anulación de las condecoraciones policiales cuando quede acreditada la realización por el beneficiario, antes o después de la concesión, de “actos manifiestamente incompatibles” con la pertenencia a las órdenes del mérito tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil.
La orden dada por el ministro del Interior no afecta solo a Policía Nacional y Guardia Civil, sino que se extiende también a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al resto de las direcciones generales del ministerio, en cuyos máximos responsables delega Grande-Marlaska la responsabilidad de incoar los procedimientos de revisión de oficio y de revocación en su caso de las condecoraciones.
Además, Grande-Marlaska ha dispuesto la creación de una Comisión de Estudio y Análisis sobre la aplicación y los efectos de la promulgación de la Ley de Memoria Democrática en todos los ámbitos competenciales del Ministerio del Interior.
Entre otros aspectos, continúa Interior, esta comisión preparará una reforma de la Ley Orgánica de Asociaciones, para incluir como causa de disolución o de revocación de su declaración de utilidad pública la “realización pública de apología del franquismo con menosprecio y humillación de la dignidad de sus víctimas o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas”.
La comisión también revisará el proceso de retirada y eliminación de símbolos y elementos contrarios la memoria democrática que aparezcan ubicados o colocados en edificios ocupados por centros y unidades dependientes de este ministerio.
Asimismo, establecerá las condiciones que permitan garantizar y facilitar el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos, así como a la consulta de documentos sobre el golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista que pudieran estar bajo custodia o conservación del Ministerio del Interior.
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