13-08-2021 Varios agentes y vehículos de la Policía Local de Ceuta acompañan a menores no acompañados hacia una furgoneta, en las inmediaciones del Polideportivo Santa Amelia, donde fueron acogidos 250 de los 800 menores que llegaron a Ceuta el pasado mes de mayo, a 13 de agosto de 2021, en Ceuta (España). Las fuerzas de seguridad se han desplazado hasta el polideportivo para hacer efectiva la directriz firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que se ordena la devolución a sus países de origen de los menores llegados a España en lo que se considera la mayor crisis migratoria reciente, cuando Marruecos levantó el control de la frontera. Los menores acogidos en la nave del Tarajal y en los módulos prefabricados de Piniers también serán repatriados. ONG como 'Save the Children' o UNICEF ya han manifestado su oposición a esta orden al considerar que las devoluciones de menores son ilegales. POLITICA Antonio Sempere - Europa Press
«No existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la Sala a la que nos dirigimos», alega el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, que añade: «No se trata de un acto dictado por un ministro o secretario de Estado».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional había reclamado al Ministerio del Interior que remitiera en un plazo de 24 horas el oficio de 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamenta la repatriación de menores en virtud del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat.
«Debe concluirse que, en realidad, el recurso ante la Sala se interpone contra el acuerdo por el que ordena el retorno de los menores, que no ha sido dictado por el Ministerio del Interior», recoge el escrito. Por este motivo, entiende que la Sala «no sería competente para conocer el recurso».
SE RESPETAN LOS DERECHOS DEL MENOR
«El escrito cuya copia se solicita se limita a poner de manifiesto que el Ministerio del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos», señala Interior en un recurso que firma el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en la línea de lo defendido por Interior estos días: que es el Gobierno de Ceuta quien procedió a solicitar el retorno de los menores.
El ‘número dos’ de Grande-Marlaska considera que «no existe actividad administrativa impugnable por parte del Ministerio del Interior. Interior se refiere a que el procedimiento para el retorno de menores está siendo ya objeto de enjuiciamiento en Ceuta, por lo que entiende que la tramitación del recurso en la Audiencia Nacional «vulnera la litispendencia» al plantear una medida cautelar que «carece de sentido y eficacia».
SOLICITUD DEL GOBIERNO DE CEUTA
«En base a ello», continúa Interior, «desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha venido solicitando la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007». «En estos términos dirigió su último escrito, del pasado 10 de agosto, a la Delegación del Gobierno en Ceuta, la cual –a su vez– lo remitió a la Secretaría de Estado el mismo día».
Interior, que adjunta copia de todas estos trámites, señala que el 10 de agosto «se dirigió un escrito rogando se procediera a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos». «Todo ello con el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela», añade.
El departamento ministerial recuerda que la entrada a Ceuta de personas procedentes de Marruecos los días 17 y 18 de mayo «hizo necesario implementar medidas para garantizar la efectiva protección y tutela», incluyendo a los niños, así como para su «retorno siempre que ello sea aconsejable tras haber analizado sus circunstancias personales».
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, defendió ayer en rueda de prensa el procedimiento a través del Acuerdo bilateral de 2007 –en vigor desde 2013– pese a las dudas planteadas por la falta de expedientes individualizados y de entrevistas con cada menor previas al retorno a Marruecos. El jefe del Gobierno ceutí alegó que se estaban enfrentando a una situación de emergencia.
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