La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) ha enviado una carta a diez ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y al Gobierno regional en la que solicita, tal y como ha hecho Móstoles, su implicación para lograr la paralización de los procedimientos de desahucio abiertos por la actual propietaria de sus viviendas, la filial de Goldman Sachs Encasa Cibeles.
Para ello, una delegación del colectivo depositó ayer en el registro general del Ayuntamiento de Madrid la misiva dirigida a los consistorios que, junto a Móstoles, albergan las 2.935 viviendas que el Ejecutivo autonómico de Ignacio González vendió en 2012 al citado fondo buitre. Se trata de los ayuntamientos de Madrid, Parla, Leganés, Torrejón de Ardoz, Tielmes, Collado Villalba, Majadahonda, Valdemoro, Navalcarnero y Arroyomolinos. Y mañana hará lo mismo con la carta destinada al Gobierno regional en el registro de la sede de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Según el colectivo de afectados, la iniciativa de las familias llega después de que el Ayuntamiento de Móstoles enviara una notificación oficial a los responsables de esta empresa en la que, además de una reunión “para abordar este hecho de manera más amplia”, les pide que “paralicen cualquier procedimiento de desahucio que estén llevando a cabo en el municipio, sobre las viviendas afectadas”
El Consistorio mostoleño también recuerda a Encasa Cibeles que el pasado 21 de mayo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid estimó la demanda presentada por un vecino de Navalcarnero y anuló la operación de venta del IVIMA al entender que esta no fue debidamente justificada. El fallo judicial anula por tanto la enajenación de todas las viviendas que pasaron a manos del fondo de inversión, que se reparten de la siguiente manera: Móstoles (259), Madrid (1.380), Leganés (36), Parla (240), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Collado Villalba (44), Majadahonda (332) y Navalcarnero (192), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).
La AVVI recalca que “aunque la sentencia no es firme y ha sido recurrida tanto por el Gobierno de Ángel Garrido como por Encasa Cibeles, es “un importante precedente” y por ello invita a los ayuntamientos de estas localidades a usarla como argumento para que la empresa entre en razón y no expulse a ninguna familia por impago de rentas o por la finalización de su contrato.
“Queremos que se conciencien, tomen parte activa mediando en el problema y tomando iniciativas para limitar la actividad de los fondos de inversión que en muchos casos están teniendo consecuencias negativas para la ciudadanía», indica la asociación en la carta dirigida a los ayuntamientos. En ella también solicita un encuentro con sus responsables y ofrece toda su “colaboración para abordar este gran problema que está afectando a tantas personas”.
Finalmente, el colectivo de damnificados recuerda “las resoluciones del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso del 23/03/2017 y del 22/11/2017 donde ya se reconocía el derecho de los inquilinos a personarse como afectados”, así como en el conocido y demoledor «Informe de Fiscalización de Operaciones de Enajenaciones del Patrimonio Inmobiliario del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y Controles Realizados por las Instituciones Competentes Ejercicios 2012 y 2013» de la Cámara de Cuentas autonómica que, aprobado el 6 de noviembre del 2015, ha servido de base en diversas investigaciones judiciales sobre el caso.
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