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Ingreso mínimo vital: Escrivá cifra en 3.000 millones el coste anual de la medida

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cifrado hoy en unos 3.000 millones de euros al año el coste para las arcas públicas del ingreso mínimo vital, que se aprobará en la segunda quincena de mayo. Asimismo, ha confirmado que “habrá que pedir otro préstamo” del Tesoro para pagar las pensiones públicas este año y el siguiente.

En una comparecencia en La Moncloa, Escrivá ha cifrado en unos 3.000 millones de euros el coste para las arcas públicas del ingreso mínimo vital “en un año completo”. Aunque “no puedo precisar cuándo vamos a tener la norma”, la intención del Ejecutivo es que se apruebe este mayo para comenzar a cobrarse a partir de junio. El ministro ha descartado que la medida sea temporal, ya que el problema es “estructural”. Existe un “consenso internacional de que las políticas públicas de España son muy poco redistributivas”, ha apuntado, y es además un “compromiso del Gobierno”.

El Ejecutivo está diseñando además un “sistema multicanal” para poder llegar “a los colectivos más vulnerables”, ha añadido.

Por otro lado, el ministro ha reconocido que el Gobierno deberá recurrir de nuevo a un préstamo del Tesoro para pagar las pensiones. “No puedo dar la cifra, pero habrá que pedir otro préstamo”, ha señalado el ministro, que ha apuntado que “evidentemente este año y en una parte quizás del principio del año que viene vamos a pasar por esta situación que va a requerir una financiación con deuda pública”.

Asimismo, el ministro ha querido desmentir “rotundamente” los rumores sobre una congelación de las pensiones. “No hay nada de esto”, ha insistido el ministro, que ha recordado que “en esta crisis va a haber un salto de deuda pública, pero muy concentrado en el tiempo, no hay ninguna referencia que nos haga pensar que nadie esté dudando de solvencia agregada”.

De cara al futuro, se ha mostrado confiado en acordar con los grupos parlamentarios “un nuevo marco de referencia para las pensiones en España que le den estabilidad”. “Lo retomaremos en cuanto la crisis nos permita cambiar nuestras prioridades”, ha señalado tras recordar que “la crisis nos ha cambiado la agenda”.

Escrivá ha comparecido en rueda de prensa para presentar los datos de afiliación a la Seguridad Social publicados hoy. A pesar de que desde el inicio de la pandemia se han destruido casi 950.000 empleos, el ministro ha defendido una cierta “estabilización” en las cifras e incluso unos “primeros síntomas de normalidad”.

Además, ha resaltado que “la gran diferencia” frente a anteriores crisis es que las medidas de protección de rentas, como los ERTE, han permitido que con una caída mayor del PIB que en anteriores ocasiones la destrucción del empleo haya sido menor. De acuerdo con los cálculos del Gobierno, 3,1 millones de trabajadores se han visto afectados por ERTE de fuerza mayor, a los que se suman otros 300.000 trabajadores acogidos a otro tipo de ajuste.

Si se incluyen las medidas para los autónomos y otras prestaciones, casi un tercio de la población activa se encuentra bajo algún tipo de programa de protección. “Es una cifra alta pero absolutamente necesaria”, ha señalado Escrivá.

Uno de los aspectos más preocupantes es que “el 50% de la destrucción de empleo se concentra en personas menores de 35 años”, ha reconocido el titular de seguridad Social. “Nos tiene que hacer reflexionar” sobre la “necesidad de abordar esta reforma del mercado de trabajo para que estos ajustes se palien en el futuro”.