Las acciones de Indra abrieron con caídas de casi un 10%, y aunque a media sesión los descensos se habían moderado, finalmente el pesimismo se ha impuesto, con una caída al cierre de un 9,41% hasta los 8,38 euros dentro de un Ibex 35 que finalmente bajaba un 0,63%. El valor acumula un castigo de un 12% en lo que va de año, con la capitalización bursátil por debajo de los 1.500 millones de euros.
Ayer al cierre del mercado se conoció que el Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición, por compra, de acciones de la compañía hasta alcanzar un máximo del 28% de su capital social. La ejecución de la operación y la tenencia de las acciones serán asumidas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El Estado controla actualmente un 18,7% de Indra, por lo que a precios de ayer la inversión necesaria para alcanzar el 28% supondría un desembolso de unos 150 millones de euros. Se espera que el SEPI pueda nombrar a otros dos consejeros en el órgano de decisión de la compañía.
El Gobierno señala que la operación responde a “la importancia de reforzar la participación del Estado como accionista de referencia en una compañía estratégica para el país, especialmente en el ámbito de la seguridad y la defensa”. Indra lleva a cabo un considerable volumen de actividades directamente relacionadas con intereses esenciales del Estado, tanto en el ámbito civil como en el de seguridad y defensa.
Indra ha sido designada como coordinadora industrial de la participación española en el proyecto europeo Futuro Sistema Aéreo de Combate (también conocido como FCAS por sus siglas del inglés Future Combat Air System), lo que representa “un compromiso de la máxima importancia para los intereses de la defensa española y europea con importantes extornos para el conjunto de la industria civil y militar española”, señala el Ejecutivo. El FCAS “es un programa crítico para España en clave de soberanía, desarrollo tecnológico e industrial y creación de empleo de alta cualificación”.
Pero los intereses de España no tienen por qué coincidir con los de los accionistas, o al menos así parece interpretarlo hoy el mercado.
“Aunque creemos que el mayor control del Gobierno podría traducirse en la consecución de nuevos contratos (principalmente en Defensa), valoramos negativamente la noticia desde el punto de vista de la ‘gobernanza’”, explica Iván San Félix, analista financiero de Renta 4, en una nota.
“Esta operación se traduciría en un mayor control del Consejo de la compañía por parte del gobierno, que ya en mayo 2021 propició la caída del entonces Presidente Ejecutivo, Fernando Abril-Martorell”, explica el experto, que no obstante reconoce que “la gestión de la compañía está siendo muy positiva también bajo el mando de Ignacio Mataix y Cristina Ruiz”.
“Consideramos que un mayor control por parte de Consejeros provenientes del gobierno es negativo ya que en nuestra opinión podría provocar un giro en la estrategia de la compañía”, apunta Renta 4. En concreto, “en nuestra mente está el interés del gobierno de que Indra participe en un consorcio para entrar en el capital de ITP Aero, una entidad que creemos que no aportaría valor a Indra”.
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