Valle de los Caídos
“No podemos sino lamentar esta decisión”. De esta manera, Juezas y Jueces para la Democracia ha querido manifestar su rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de anular la exhumación de los restos de Francisco Franco. Algo que para la asociación es la confirmación de “la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura”.
A través de un duro comunicado, Juezas y Jueces para la Democracia ha calificado de “insólita” la argumentación de la Sala de lo Contencioso Administrativo: “Afirma, sin ofrecer explicación alguna, que si estimase la demanda y se anulase el acuerdo del Gobierno para la exhumación y esta se hubiera realizado, aunque no fuese materialmente irreversible, sería perjudicial para la familia y para el interés público, incluso señala que habría coincidencia entre estos intereses”.
En este sentido, la asociación ha hablado de una cuestión “incomprensible” al recordar que los restos del dictador se encuentran enterrados “en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público”. Al mismo tiempo, han aseverado que “la exhumación es una medida que expresa el interés general de protección a las víctimas de la dictadura”.
Juezas y Jueces para la Democracia han recalcado que dar este paso para exhumar a Franco se trataría de conseguir una “reparación moral y simbólica, para poner fin a la obligada convivencia del máximo perpetrador y de sus víctimas”.
Por si acaso, no han olvidado que directamente “es un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos, como han puesto de manifiesto diversos organismos y actores del sistema de Nacionales Unidas”.
Al mismo tiempo, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia no ha pasado por alto el tratamiento del Supremo al dictador, a quien considera jefe de Estado. “Parece mentira que el Tribunal Supremo manifieste esa falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad”, han reprochado.
Por último, la organización ha concluido que “parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación”.
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