Campus de la Justicia de Madrid
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado al exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada -del PP- en la causa en la que investiga irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia y le ha citado a declarar el 27 de marzo. El imputado está al frente de la Oficina del Cargo Popular, órgano que investiga cualquier “anomalía o irregularidad” dentro del partido.
En un auto, De La Mata atiende de esta manera a la solicitud de la Fiscalía y cita a los cuatro para el miércoles de la semana que viene, entre las 10 y las 11,30 horas. Además de Prada, quien fue presidente y consejero delegado del Campus, están citados el que fuera director general Técnico de la sociedad Isabelino Baños, el subdirector Técnico Mariano José Sanz Piñar y el director de Área Financiera Alicio de las Heras.
Los cuatro, informa la Audiencia Nacional, serán interrogados como “responsables del desarrollo económico y contractual de la sociedad en el periodo en que prestaron sus servicios en la sociedad”.
El auto señala que la sociedad Campus de la Justicia de Madrid “no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil”. Además, “todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados”.
El informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 pone de manifiesto, entre otros elementos, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus, así como la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios.
En cuanto a contratación y pagos, este informe, afirma el magistrado, describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad, o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados.
El pasado mes de julio Pablo Casado, tras llegar a la Presidencia del PP, colocó a Prada al frente de la Oficina del Cargo Popular, que busca prácticas corruptas dentro de la formación. Este órgano, creado en febrero de 2017, con Mariano Rajoy a la cabeza, tiene entre sus funciones “supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico”.
Asimismo, se encarga de “aprobar el formulario homologado del resumen de la Declaración de IRPF y de Patrimonio”, “gestionar los registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los cargos” y “velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades”.
A esto hay que sumar que da cuenta al Comité de Derechos y Garantías “de cualquier anomalía o irregularidad que pudiera detectar en el desarrollo de sus funciones”.
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