Así, el ministerio pretende garantizar que todas las regiones lleven a cabo “urgentemente” todas las medidas relacionadas con la Vigilancia de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), con las que cuenta la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Según han detallado fuentes del Ministerio, el principal avance de esta Ley es la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y cerca del domicilio de las mujeres. Para ello, la Ley “cuenta con diversas herramientas que todas las CCAA tienen la obligación de aplicar para garantizar todos los derechos de todas las mujeres”.
Con esta misiva a las comunidades, recoge Europa Press, Igualdad quiere instar a que todas las CCAA den los pasos necesarios para «garantizar que haya médicos y médicas no objetores en todos los hospitales públicos, incluyendo si es necesario la contratación” de nuevos profesionales sanitarios.
En este sentido, la Ley plantea la creación de registros de objetores en cada CCAA para así garantizar el acceso de las mujeres a su derecho al aborto, “respetando siempre el derecho de los médicos a la objeción de conciencia”.
