Ignacio Gónzalez, expresidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González no ha tardado en pedir su excarcelación tras la ‘operación Lezo’. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha apelado a la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional que retire su prisión incondicional que cumple desde el 21 de abril. Una solicitud que ha apoyado en que no existe riesgo de fuga ya que su hija mayor va a casarse próximamente.
El recurso que la defensa de González ha escrito, según ha tenido acceso Europa Press, asegura que huir de la Justicia es “materialmente imposible”. Y es que el exdirigente ha querido recordar que tiene sus bienes embargados y carece de medios económicos, además de tener un “arraigo notorio” en España al residir con su esposa y tres hijas, la mayor de las cuales “va a celebrar su boda en pocos meses”.
En relación con su situación familiar, González ha querido exponer qué escenario vive: una de sus hijas es estudiante, de 18 años, su padre tiene más de 90 años y no existe ningún indicio de que “desee romper su relación familiar”. “Huir es impensable”, ha sentenciado la defensa del expresidente madrileño, porque ello daría lugar al abandono de sus hijas “en una situación en la que es necesario un apoyo mutuo y del entorno familiar y de amistades para la tranquilidad y el sosiego que en estos momentos necesita”.
De la misma manera, el escrito de su abogado ha marcado como punto de inflexión para que salga de prisión, la debilidad de las pruebas que dispone el instructor del caso, Eloy Velasco, para justificar una medida tan gravosa como es su prisión incondicional. Un recurso que ha dirigido directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional saltándose al magistrado al considerar que está perdido de antemano.
A su vez, la “notoriedad pública” de González hace impensable la posibilidad de huida, según se ha relatado en el escrito. Siguiendo con esa línea, el abogado ha criticado que la orden de prisión llega como una “medida punitiva anticipada y en cierto modo ejemplarizante y de castigo” debido a la alarma social creada “en relación con las causas que etiquetan socialmente como vinculadas con la corrupción”, algo que para el letrado “resulta inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico constitucional”.
Edmundo Rodríguez Sobrino también pide su salida de prisión
Por su parte, el abogado Miguel Bajo en representación de Edmundo Rodríguez Sobrino también ha seguido los pasos de González reclamando la salida de prisión de su cliente. Como ha reprochado el letrado del exdirigente autonómico, Bajo ha cargado contra la inexistencia de indicios racionales de criminalidad suficientes que justifiquen la medida de prisión incondicional del exdirectivo.
Un escrito en el que, como ha matizado Europa Press, se rebate punto por punto las irregularidades señaladas por Velasco en las operaciones realizadas por Inassa en diversos países latinoamericanos para concluir que no se puede considerar a Rodríguez Sobrino responsable criminalmente de dichos negocios. Al igual que como González, el abogado del directivo de La Razón ha incidido en la inexistencia de riesgo de sustracción de la justicia o destrucción u ocultación de pruebas, así como en el arraigo familiar del investigado.
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