El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
El Gobierno aprobará antes de que termine el año un nuevo decreto antidesahucios. “Vamos a intentar que esté listo para el Consejo de Ministros del martes”, ha afirmado el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, que ha apuntado que en caso de no que sea posible, verá la luz en el siguiente. ¿El objetivo? Que nadie pueda ser expulsado mientras dure el estado de alarma, que finalizaría el próximo 9 de mayo. Sin embargo, el líder de Unidas Podemos no renuncia a extender esta medida más allá.
“De momento lo tenemos hasta mayo”, ha señalado Iglesias en una entrevista en La 1 en la que ha defendido que cuando llegue ese día “habrá que volver a discutir si tiene sentido dejar en la calle a las personas” en situación de vulnerabilidad. “En mayo habrá que discutir otra vez”, ha remarcado tras dejar claro que se trata de un “avance histórico sin precedentes” y “una victoria de la sociedad”.
Previamente, el vicepresidente segundo ha defendido que esta medida evidencia que “cuando la presión viene de colectivos sociales los resultados se pueden expresar en favor de mayorías sociales” y que busca acabar con “imágenes vergonzosas”, como la de madres con niños expulsadas de la vivienda.
Según el mencionado decreto, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras “no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna”. Las comunidades autónomas serán las “encargadas” de ofrecer esta alternativa habitacional que “será siempre una vivienda digna”. Es decir, no podrá ser un albergue, explicaron este miércoles fuentes del departamento de Iglesias.
Así, el lanzamiento “no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo”. “La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados/as aleguen vulnerabilidad”, se contempla en el acuerdo del Gobierno, que incluye también a las familias en precario en viviendas de grandes tenedores, que son aquellos con más de una decena de viviendas.
En este caso, las regiones tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.
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