El vicepresidente tercero del Gobierno, Pablo Iglesias.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha aprovechado hoy una comparecencia ante el Senado para insistir en la necesidad de un nuevo impuesto a las grandes fortunas que ayudaría a llenar las arcas del Estado en un momento de necesidad como el actual provocado por la crisis del coronavirus Covid-19.
“Los impuestos no son suficientemente progresivos y España arrastra una desventaja de varios puntos respecto a Europa en materia de justicia fiscal”, ha señalado Iglesias, que ha recordado que el país tiene un déficit de ingresos públicos del 7% del PIB respecto a la media europea. “La adopción de medidas que atañen a los ingresos podrá corregir este desequilibrio y contribuir a ampliar el margen fiscal y la posibilidad de financiar políticas sociales”, ha señalado.
En ese sentido, el también secretario general de Podemos ha señalado que hay un “consenso social” sobre la necesidad de “instrumentos como una Tasa de Reconstrucción que permita a las grandes fortunas -hablamos de más de 1 millón de euros con la primera vivienda exenta hasta 400.000 euros- que lo están deseando, puedan ejercer su solidaridad con España aportando recursos directamente a las arcas públicas”. “No creo que a nadie que tenga más de un millón le suponga ningún problema un ejercicio de patriotismo fiscal, que es lo que está pidiendo el conjunto de la sociedad”, ha remarcado.
Iglesias considera además que el sistema tributario español “podría mejorarse introduciendo reformas en el trato desigual que ahora tienen las rentas de trabajo y las rentas del capital”. “Se podrían, también, modificar algunos privilegios fiscales, ya que actualmente son las grandes empresas y las rentas más altas las que se benefician principalmente de ellos”.
El vicepresidente se ha referido también durante su comparecencia a una de las medidas por las que más ha abogado: el ingreso mínimo vital. “va a contribuir llevar algo más de dignidad a cientos de miles de hogares de este país”, y al mismo tiempo “es también una medida de eficiencia económica que va a garantizar que se mantengan unos niveles de consumo aceptables y que autónomos y empresas de nuestro país puedan seguir facturando”.
El sistema actual en relación a prestaciones y rentas de inserción “se ha ido conformando a nivel autonómico de manera descoordinada y generando desequilibrios a nivel territorial”, ha criticado Iglesias, que ha defendido que el Gobierno “ha acelerado al máximo su aprobación para poder atender la urgencia de la crisis social derivada de la epidemia” y que la medida “va a ser una realidad de forma inminente”.
Al mismo tiempo, junto a los gobiernos de Italia y Portugal, el Ejecutivo trabaja en un Ingreso Mínimo Vital Europeo “para luchar contra la pobreza y la exclusión social y corregir ciertos desequilibrios que ha representado la construcción europea en los últimos tiempos”.
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