El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha insistido en que el «escándalo» de la Comunidad de Madrid por no permitir la derivación a hospitales de usuarios de residencias de ancianos enfermos de Covid-19 «puede tener consecuencias legales».
Según ha indicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, fue el propio consejero de Políticas Sociales de la región, Alberto Reyero, quien aseguró que era «inmoral» y «eventualmente ilegal» que no se permitiera a los ancianos de las residencias madrileñas ser aceptados en los hospitales de la Comunidad. «Era el propio consejero de Ayuso quien estaba señalando un escándalo evidente que, ciertamente, puede tener consecuencias legales», ha dicho.
En este sentido, Iglesias ha recordado que son «muchas familias» de estos ancianos los que ya están emprendiendo acciones legales por este asunto.
En cualquier caso, Iglesias ha asegurado que la vicepresidencia social del Gobierno va a trabajar con las comunidades autónomas para facilitar que se elaboren «protocolos sensatos» en las residencias de mayores.
Además, ha asegurado que el Ejecutivo central dio 300 millones a las comunidades para que, entre otras cosas, contrataran a más personal en estos centros, y para que se declarase, bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad, a los servicios sociales como servicios esenciales.
También ha indicado que desde el Gobierno se mandó una instrucción a las comunidades autónomas, a través de Sanidad, para que los trabajadores de las residencias tuvieran prioridad a la hora de recibir EPIs y que se aumentaron las competencias autonómicas para que éstas pudieran intervenir e inspeccionar las residencias privadas.
«Creo que los datos están ahí y no merecen discusión, y es lógico que esto esté generando preocupación y escándalo», ha zanjado el tema.
