El portavoz del Ejecutivo, Gergely Gulyas, ha explicado ante los medios que el proceso de retirada comenzará este mismo jueves.
El Estatuto de Roma contempla en su articulado la posibilidad de que un Estado miembro denuncie dicho tratado, si bien esta retirada no se haría efectiva hasta pasado un año de la notificación formal al secretario general de Naciones Unidas.
La salida no exonera tampoco al país en cuestión de las obligaciones contraídas durante el tiempo en que formó parte del TPI, un matiz que quedó en evidencia recientemente en el caso de Filipinas. El expresidente filipino Rodrigo Duterte, que rompió con el TPI en 2018, fue detenido en marzo de este año en virtud de una orden de arresto vinculada a los supuestos crímenes perpetrados durante su mandato.
