Médico
Se trata del segundo paro nacional convocado por estas organizaciones tras el del pasado 13 de junio, y han llamado a participar a todos los profesionales con relación laboral con el Sistema Nacional de Salud (SNS), quienes podrán ejercer su derecho desde las 00.00 horas de este viernes.
La convocatoria de este viernes está marcada por las acusaciones de CESM y SMA sobre la “ausencia total” de voluntad negociadora por parte de Sanidad, tras la reunión mantenida el martes con la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Celia Gómez, el subdirector general de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, Juan Julián García, y el consejero técnico Miguel Ángel Máñez, según Europa Press.
El ministerio liderado por Mónica García también ha rechazado en varias ocasiones retirar el actual borrador de Estatuto Marco y negociar un texto exclusivo para el colectivo médico, tal y como demandan CESM y SMA, que piden medidas como la voluntariedad de las guardias, una jornada de 35 horas semanales o una clasificación que reconozca sus particularidades con la creación del grupo A1+.
Esta huelga ha sido respaldada por la Organización Médica Colegial (OMC), que ha animado a secundar el paro para unir a la profesión “en una sola voz” y para defender la “dignidad” de los médicos. Del mismo modo, cuenta con el apoyo del Foro de la Profesión Médica y otros sindicatos profesionales no federados, como la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF).
Los sistemas de salud autonómicos ya han ido firmando o notificando servicios mínimos con el respectivo sindicato representativo convocante. Las negociaciones para renovar la normativa, vigente desde 2003, llevan unos dos años en curso, un periodo en el que el Ministerio ha presentado varios borradores.
Como parte de la huelga, Amyts ha convocado en Madrid una manifestación a las 10.00 horas frente al Congreso de los Diputados, que se acabará dirigiendo al Ministerio de Sanidad. Mientras tanto, Metges de Catalunya ha convocado a las 10.30 horas una concentración frente al Departament de Salut de Barcelona, recoge la citada agencia.
En Andalucía, se han convocado manifestaciones en Sevilla, Córdoba, Almería y Huelva; en Extremadura, habrá concentraciones tanto en Cáceres como en Badajoz; y en Murcia y Ceuta se ha convocado a los sanitarios en las puertas de sus centros.
También se han anunciado acciones en Castilla La Mancha, con protestas en Ciudad Real, Albacete, Toledo, Guadalajara, Cuenca y en Talavera de la Reina. En Castilla y León se han convocado concentraciones en Valladolid, Salamanca, Soria, Ávila, Zamora y Aranda de Duero.
En la Comunidad Valenciana, las organizaciones médicas han confirmado acciones en Alicante, Valencia y Castellón. Los médicos de Baleares acudirán a concentraciones convocadas en Mallorca, Menorca e Ibiza.
Cantabria también contará con una concentración en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander; en Oviedo, habrá otra en el Hospital Universitario Central de Asturias y en los centros de salud; en Galicia, se concentrarán en las puertas principales de los hospitales; en La Rioja, se prevé una concentración en la entrada del Hospital Universitario de San Pedro de Logroño; y en Navarra se ha convocado una concentración en la entrada principal del Centro de Consultas Príncipe de Viana (CCI) de Pamplona.
El Sindicato Médico de País Vasco ha convocado concentraciones en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa; en Aragón, habrá manifestaciones en Zaragoza y Teruel; y en Canarias, se producirán acciones en Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria.
Además del rechazo de estas organizaciones, Sanidad también se enfrenta a las organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), que han llevado a cabo numerosas movilizaciones y que han amenazado con “acciones contundentes”, como una posible huelga, si el Ministerio decide cerrar la negociación.
Estos sindicatos han mantenido este jueves una reunión con Sanidad y con las comunidades autónomas, criticando la postura de estas últimas, a las que acusan de buscar una “norma tan básica que no tenga prácticamente contenido”, y que se basa en una “supuesta invasión” de competencias por parte del Estado.
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