Rohingyas rescatados en Tailandia tras quedar varado su barco
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles las «irregularidades militares y omisiones selectivas» que contienen las investigaciones que una comisión independiente está llevando a cabo para dilucidar las responsabilidades del Gobierno de Birmania en las «operaciones de limpieza» que se produjeron en el país en el año 2017 contra los musulmanes rohingya, entre las cuales estarían las violaciones cometidas contra mujeres y niñas de esta comunidad, así como negar que hubiera un «intención genocida» durante el conflicto. HRW ha explicado que, si bien el documento publicado este martes por la Oficina de la Presidencia de Birmania reconoce que «miembros de las Fuerzas Armadas de Birmania cometieron crímenes de guerra y graves violaciones de los Derechos Humanos», a su vez niega que los mismos se cometieran con una «intención genocida», además de obviar «la extensa documentación» por parte de Naciones Unidas que denuncia el estupro generalizado de mujeres y niñas.
La ONG ha lamentado que el informe presentado por el Gobierno sea «parte de sus esfuerzos para absolver a los militares de sus malas acciones». El director de HRW para Asia, Brad Adams, ha calificado de «decepción» el texto, pues «niega la magnitud de las atrocidades contra los rohingya y, sorprendentemente, el uso generalizado de la violencia sexual por parte de los militares».
«El informe no es una base creíble para la Justicia», ha insistido Adams, quien ha criticado el «sesgo» de la comisión que ha elaborado el texto, ya que, ha señalado, «trabaja en estrecha colaboración con el gobierno de Birmania», el cual siempre ha negado las acusaciones de genocidio, pues no hubo «una intención o plan de destruir a los musulmanes o cualquier otra comunidad».
De acuerdo con HRW, esta comisión ha justificado que los «asesinatos y desplazamientos de civiles musulmanes», los «posibles crímenes de guerra», las «violaciones graves de los Derechos Humanos» y el «uso desproporcionado de la fuerza por parte del Ejército y la Policía de Birmania», se produjeron durante los enfrentamientos armados entre los militares birmanos y las fuerzas del Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA, por sus siglas en inglés).
HRW ha denunciado que las autoridades de Birmania «tratan de aplacar la opinión internacional mientras protege a los altos mandos militares que planearon y ordenaron estas atrocidades». Adams ha señalado que «hacer de chivos expiatorios a unos pocos soldados de bajo rango no engaña a nadie».
Más de 700.000 miembros de la minoría musulmana rohingya, a los que Birmania no reconoce como ciudadanos, huyeron a Bangladesh a partir de agosto de 2017 por la violenta represión con la que las fuerzas birmanas respondieron a una serie de ataques de las fuerzas del ARSA.
El comunicado de HRW se conoce poco antes de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desvele si acepta dictar medidas cautelares en el caso presentado por Gambia ante la misma contra Birmania por el presunto genocidio de los rohingyas.
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