Una trabajadora sanitaria con su equipo de protección en la capital de Malasia, Kuala Lumpur
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido este lunes al Gobierno y al resto de autoridades de Malasia que cesen en la detención de todas aquellas personas que se saltan las medidas de confinamiento decretadas para contener la pandemia del nuevo coronavirus, pues tiene consecuencias «desastrosas» para las ya hacinadas prisiones del país.
De acuerdo con las cifras que maneja la ONG, las autoridades de Malasia han arrestado a más de 15.000 personas por contravenir las medidas de confinamiento y cuarentena decretadas por el Gobierno desde el 18 de marzo.
HRW ha explicado que el Gobierno malayo ha continuado enviando a «supuestos infractores» de la cuarentena a las prisiones del país a pesar de que los servicios penitenciarios han pedido terminar con estos traslados ya que el hacinamiento actual en estos centros hace «imposible» el distanciamiento social.
«Encarcelar a las personas por desobedecer las órdenes de control de movimiento es contraproducente para reducir la propagación del coronavirus», ha señalado el subdirector de HRW para Asia, Phil Robertson.
En ese sentido, ha insistido Robertson, «las autoridades de Malasia deberían entender que proteger a toda la población del país del nuevo coronavirus significa reducir la población penitenciaria, no poner a más personas tras las rejas».
La ONG ha explicado que si bien es cierto que muchos tribunales optaron por sustituir las penas de prisión por multas económicas, o servicios para la comunidad, miles de personas han ido a parar a las cárceles por este motivos desde el 18 de marzo bajo penas que oscilan entre un par de días a varias semanas.
Hasta el momento, las autoridades del país asiático han confirmado 5.780 casos positivos y 98 víctimas mortales a causa de la pandemia global del nuevo coronavirus.
A su vez, HRH ha pedido al Gobierno de Malasia que, al igual que han hecho otros países, trabaje en alternativas a la detención para reclusos que estén cumpliendo penas por delitos menores, en especial si se trata de ancianos, mujeres embarazadas, enfermos crónicos o con problemas respiratorios, y en definitiva, aquellos que estén incluidas en los grupos de riesgo que los organismos sanitarios internacionales han previsto.
CENTROS DE DETENCIÓN ADICIONALES
HRW también ha recordado que el país no está haciendo un uso completo de los centros que habilitó en un principio para retener a aquellas personas que infringían las medidas impuestas por el Gobierno.
Hacerlo, ha insistido la ONG, permitirá que el Gobierno malasio proteger mejor, no sólo a los detenidos, sino también al personal y a los funcionarios que trabajan en estos centros, y las comunidades de alrededor.
Robertson ha defendido la legitimidad del Gobierno de Malasia de castigar a aquellas personas que se salten el confinamiento, pero, ha matizado, «encarcelarlos no es la respuesta».
«El Gobierno de Malasia debería actuar rápidamente para reducir el número de población reclusa y evitar así un brote de coronavirus que tendría resultados desastrosos, tanto dentro como fuera del sistema penitenciario», ha concluido Robertson.
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