La sentencia apunta que la directiva que obliga a las ‘telecos’ a conservar hasta dos los datos de llamadas y correos “se inmiscuye” de forma grave en la vida privada de los usuarios. El Tribunal de Justicia europeo ha anulado la directiva de retención de datos de las compañías de telecomunicación que obligaba a las operadoras a conservar entre seis meses y dos años los datos de identificación, localización y duración de todas las comunicaciones electrónicas. Una medida que nació como respuesta al aumento de la amenaza terrorista tras los atentados del 11M en Madrid y del 7J en Londres.
La sentencia considera que la conservación de esos datos y el posible acceso de las autoridades “se inmiscuye de manera especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal”. El juez recuerda en este sentido que los datos sobre hora, lugar y duración de una comunicación, en su conjunto, pueden proporcionar indicaciones muy precisas sobre la vida privada de las personas.
El tribunal rechaza también que en relación a esta norma, surgida para ‘luchar’ contra el terrorismo y los delitos graves, se conserven los datos de todas las comunicaciones “sin que se establezca ninguna diferenciación, limitación o excepción” en función de este objetivo.
Además, la sentencia pone también pegas a los plazos fijados por la directiva para la conservación de los datos de las comunicaciones. Señala que no hay distinción por “criterios objetivos” para fijar este plazo dentro de la horquilla de seis meses a dos años en cada uno de los casos.
Otro aspecto criticado por el tribunal europeo es la ausencia en la norma de algún aspecto que prohíba la utilización de los detalles de las comunicaciones por parte de terceros, ni que contemplen la destrucción de los datos una vez pasado el período fijado.
La Comisión Europea y los gobiernos de los estados miembro deberán ahora modificar el texto de esta norma.
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