Los eurodiputados del Comité del Parlamente Europeo para el Comercio Internacional han estimado que el texto del ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación) es ambiguo y han decidido remitirlo al Tribunal de Justicia para su revisión tras la primera sesión de debate, celebrada ayer.
Este acuerdo, cuyo objetivo es lucha contra la piratería digital, ha sido firmado hace unas semanas por una parte de los países miembros de la Unión. Los mandatarios consideran que podría resultar incompatible con otras normas, como los derechos fundamentales de los ciudadanos o los de los proveedores de Internet. En un principio, el texto discutido iba a ser aprobado inmediatamente, pero tras la jornada de ayer, puede que su aprobación se retrase, como mínimo, un año.
Si el Tribunal rechazase el proyecto, el Viejo Continente no tendría por qué asumirlo, aunque si un mínimo de seis Estados se decantasen por apoyarlo, sería de obligado cumplimiento para sus ciudadanos aunque sin contar con la protección supranacional.
En los últimos tiempos proliferan las leyes y normativas orientadas a luchar contra las descargas y copias ilegales en Internet, como la ley Sinde-Wert, que entró en vigor ayer. En general, todas estas legislaciones se están enfrentando a numerosas críticas por una supuesta incompatibilidad con derechos fundamentales y constitucionales.
