La Confederación Intersindical de Crédito tiene todo listo para llevar al exgobernador del Banco de España ante la Fiscalía. La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular en el caso Bankia, presentará este mismo mes ante la Fiscalía su denuncia contra el exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordoñez por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Según adelanta vozpopuli.com la denuncia contra ‘MAFO’, es cuestión de días, o, como mucho, semanas, ya que sindicato lo tiene todo listo después de haber “reunido en los últimos meses las pruebas que consideraba clave para armar su ofensiva judicial: los correos internos del Banco de España y los documentos que explican cómo el regulador aprobó un cambio en la contabilidad llevada a cabo en la fusión de las siete cajas (Caja Madrid, Bancaja, Segovia, Ávila, Rioja, Insular de Canarias y Laietana) en Bankia”.
Recalca el citado digital que “esta última documentación es clave para el sindicato”, recalcando que “a finales de 2010, la Comisión Ejecutiva del Banco de España aprobó –a pesar de la oposición de la dirección de Regulación- que las cajas pudieran sanearse contra reservas en lugar de provisiones antes de la fusión en Bankia, evitando así entrar en pérdidas”.
Tal y como recoge dicho medio online Gonzalo Postigo, presidente de la CIC, califica como “un escándalo” esta decisión, ya que permitió a los directivos de las cajas embolsarse un bonus de 120 millones. Además, posibilitó que se pagaran intereses de las preferentes y que se abonara el dinero de la Obra Social.
Las acusaciones de Bankia, tal y como señala vozpopuli.com, sostienen que el cambio contable de 2010 permitió a los gestores de las cajas embolsarse un bonus de 120 millones. Se apoyan para realizar estas afirmaciones en el segundo informe pericial del caso Bankia, elaborado por dos inspectores del Banco de España, Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets. Los mismos afirmaron que “el cargo en reservas, no solo sirvió para evitar la entrada de las cajas en pérdidas sino para continuar pagando interés sobre los títulos cuyo rendimiento se vinculaba con la cifra de resultado contable (preferentes) además de continuar pagando los bonus a los ejecutivos, la retribución variable a los empleados e incluso las dotaciones de la obra social”.
El propio jefe de la división de Normativa Contable del Banco de España en 2010, Jorge Pérez Ramírez, reconocía en un documento interno que “con ello [cargo contra reservas], los administradores de las cajas podrían verse inmersos en acciones de responsabilidad social o de otro signo por parte de los depositantes y otros acreedores, y el Banco de España a un relevante riesgo reputacional por haber consentido, con conocimiento, una reducción del patrimonio de cada una de las cajas”.
Quien más apoyó el tratamiento contable que finalmente se apoyó fue el Departamento de Supervisión, que según el sindicato CIC no tendría que haber tenido influencia en el asunto, dadas sus atribuciones.
A pesar del debate interno, el Banco de España dio por buena la interpretación de Supervisión frente a la de Normativa Contable y acabó autorizando que las cajas sanearan su balance contra reservas. Pasó lo mismo en otras fusiones frías (SIP) que se cerraron entonces, como la de Banca Cívica.
Junto a este frente de acusaciones, el digital señala que “los correos internos del Banco de España también formarán parte del escrito de la denuncia”. Y hace notar que “en ellos, el máximo responsable de supervisión del Banco de España en Bankia, José Antonio Casaus, manifestaba serias dudas de que la salida a bolsa fuera una solución para la entidad”.
Recuerda el digital que “esta prueba ya fue analizada por el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, quien a pesar de ella no ve motivos para imputar a MAFO” y hace notar que “esta vía ya ha sido declinada dos veces por el magistrado y una por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”. Para después señalar que “entre los argumentos empleados por el tribunal está que los responsables del Banco de España no pueden ser imputados por un delito de estafa como el que se sigue en el caso Bankia, ya que éste sólo puede ser cometido por administradores del banco/empresa en cuestión”. Por ello, la vía de la denuncia ante Fiscalía abre un frente diferente.
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