Serrano-Arnal apercibe a la responsable de la ONIF de que puede incurrir en un delito de desobediencia por retrasar repetidamente el proceso judicial. La ONIF, Oficina Nacional Antifraude -dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro– no parece tener ninguna prisa en entregar los informes sobre el registro efectuado en propiedades de Rodrigo Rato por lo que el juez que investiga el patrimonio del exvicepresidente de Bankia está perdiendo la paciencia.
Lo cuenta hoy el diario El Español que informa que e juez de instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal “ha ordenado efectuar un requerimiento personal a la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Marga García-Valdecasas, para que, ‘con expreso apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia’, informe al Juzgado sobre el estado de las diligencias ordenadas para concretar los supuestos delitos fiscales por los que se investiga al ex vicepresidente del Gobierno de Aznar”.
Y es que, como hace notar el digital de Pedrojota Ramírez “los retrasos de la oficina antifraude están siendo constantes en el conjunto del procedimiento” por el que se imputa al tambien ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI) de fraude fiscal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y administración desleal.
Dándose la paradoja de que “la ONIF fue precisamente la que dio origen al proceso penal que se sigue contra el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional al presentar en abril de 2015 una denuncia ante la Fiscalía de Madrid” recordando El Español que «la oficina antifraude había acudido previamente a la Fiscalía Anticorrupción, que rechazó actuar contra Rato al considerar que la investigación no estaba suficientemente madura».
Hay que recordar que ONIF alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rato e inició un proceso que empezó con la detención televisada del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y que la denuncia de Antifraude se producía apenas 24 horas después de que el 14 de abril trascendiera que el exministro estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, por un posible delito de blanqueo de dinero tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal a la que se adhirieron 30.000 contribuyentes.
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