Un manifestantes hongkonés prodemocracia durante las protestas de la semana pasada
El presidente del Tribunal Supremo de Hong Kong, Geoffrey Ma Tao Li, ha anunciado este lunes la creación de una fuerza operativa especial para lidiar con el creciente número de imputados por las fuertes protestas registradas en la región administrativa especial china durante los últimos siete meses. En el que ha sido su último discurso como presidente del tribunal, Ma ha atribuido las recientes críticas vertidas contra el sistema judicial por la «falta de acción» durante la crisis a «malentendidos y confusiones» sobre los procedimientos judiciales.
«Es importante entender que el disfrute de la libertad tiene límites, como no afectar negativamente el disfrute de estas libertades por parte de otros miembros de la comunidad», ha expresado en relación con la libertad de expresión y asamblea, derechos recogidos por la Ley Básica hongkonesa –la constitución de Hong Kong–.
«El disfrute de los derechos de uno mismo no puede usarse, por ejemplo, como excusa para dañar la propiedad de otros o para llevar a cabo actos de violencia», ha subrayado el presidente de la corte, que asumió el cargo en 2010 y está a punto de jubilarse.
Hong Kong se ha visto sumido en una grave crisis desde que estallaron las protestas el pasado mes de junio contra un polémico proyecto de ley de extradición a la China continental. La jefa de Gobierno de la región, Carrie Lam, acabó retirando definitivamente el proyecto de ley pero las protestas continuaron con demandas mayores, incluido el sufragio universal.
Desde entonces, se han producido más de 6.000 detenciones, y cerca de 1.000 personas han sido imputadas. Los manifestantes progubernamentales han acusado a los tribunales de no hacer lo suficiente para contribuir a frenar la ola de disturbios.
Por su parte, los manifestantes prodemocracia protestan, además, por lo que consideran como una creciente interferencia de Pekín en Hong Kong, que volvió al dominio chino en 1997. China niega la intromisión y ha acusado a gobiernos extranjeros, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, de provocar la situación.
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