La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam
La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, ha anunciado este viernes el aplazamiento de las elecciones legislativas en el territorio, previstas inicialmente para el 6 de septiembre a consecuencia de la pandemia de coronavirus.
Las autoridades de Hong Kong han confirmado este viernes 121 nuevos contagios de coronavirus, en el décimo día consecutivo que el territorio, inmerso ya en lo que llaman ‘la tercera ola’ de coronavirus, supera los cien contagios diarios. Otras dos personas han muerto en las últimas horas, ambos ancianos que vivían en residencias del territorio, lo que eleva el total de víctimas mortales a 27.
Lam ha decidido finalmente invocar la ley de emergencia nacional contra el coronavirus promulgada por las autoridades chinas, por lo que ha dejado la decisión virtualmente en manos del Gobierno central de Pekín, en lugar de recurrir a la ordenanza territorial.
«La Organización Mundial de la Salud dijo recientemente que a veces necesitamos tomar algunas decisiones difíciles, y mi decisión de hoy es la más difícil de todas», ha hecho saber Lam en rueda de prensa.
«Hemos estado luchando contra la pandemia durante siete meses y la enfermedad ha asestado un duro golpe a nuestra economía. Nos enfrentamos a una situación grave», ha añadido en declaraciones recogidas por el ‘South China Morning Post’.
Lam no ha especificado la duración de un aplazamiento –fuentes del ‘Post’ especulan que podría dilatarse hasta un año– que plantea incógnitas sobre la actual situación tanto del Parlamento como de los diputados de la oposición que vieron su candidatura anulada «por motivos de seguridad», según las autoridades.
Sin embargo, la docena de opositores afectados, entre ellos el activista Joshua Wong, han denunciado que la maniobra tenía como objetivo final la supresión de las voces disidentes en el territorio, al haber sido decidida en virtud de la nueva Ley de Seguridad Nacional promulgada desde Pekín contra los opositores.
En este sentido, 22 diputados de oposición, entre ellos cuatro expulsados de la carrera electoral, han avisado en las últimas horas de que cualquier aplazamiento superior a 14 días «supone el desencadenante de una crisis constitucional en la ciudad».
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