El candidato de Más País a las elecciones generales, Íñigo Errejón, en la presentación de 'Un acuerdo verde para España'.
El misterio en torno al programa electoral de Más País se ha desvanecido (un poco) y ya se conocen algunas de sus propuestas para la cita en las urnas del 10 de noviembre. A la espera de saber qué plantea en ámbitos como el de la sanidad, la educación o las pensiones, los de Íñigo Errejón ya han presentado la parte ‘verde’ de su oferta a los votantes. Unas medidas que van de las ‘hipotecas verdes’ al impulso al cáñamo industrial, pasando por el fin del motor de combustión o la implantación de un currículum ciego.
“Impulsaremos las modificaciones legislativas necesarias que incentiven tipos de interés reducidos para las llamadas ‘hipotecas verdes’ en sus diferentes modalidades”, se afirma en ‘Un acuerdo verde para España’, un “adelanto” del programa con el que Más País concurre a estos nuevos comicios. En él plantean “créditos autopromotores o hipotecas para la compra de viviendas con alta eficiencia energética o consumo casi nulo, inclusión de la reforma energética de la vivienda durante el proceso de compra o ampliaciones de hipotecas destinadas a la reforma energética de la vivienda”.
Asimismo, y dentro de sus “políticas de feminización del empleo verde”, esta formación defiende la implantación del “currículum ciego en los procesos de selección, al tiempo que se desarrollará una estrategia de fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas entre las adolescentes y mujeres jóvenes”.
El fin del motor de combustión también aparece en las más de 80 páginas de este esbozo de ‘oferta’ electoral. En concreto, Errejón y los suyos proponen aumentar la producción y venta de vehículos eléctricos y fijar 2035 como “límite máximo a la venta de coches diésel y gasolina” en España. Además, sostienen la necesidad de equiparar el tratamiento fiscal del diésel y la gasolina. “El gravamen del gasóleo para uso general en el Impuesto sobre Hidrocarburos es claramente inferior al de la gasolina (0,307 €/litro frente 0,400 €/litro)”, destaca Más País, que remarca que “las evidencias científicas relativas al negativo impacto que tiene el diésel tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud aconsejan la desaparición de este trato fiscal privilegiado”.
Relacionado con esto, en este documento, que es uno de los ejes programáticos de esta formación para el 10-N, se incluye la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible. Una norma cuyo objetivo es el de “integrar las políticas de crecimiento urbano y económico con las de movilidad, dando prioridad al transporte público y a los sistemas eficientes de transporte”. Con ella se “potenciará la intermodalidad, ajustará los sistemas de transporte a la demanda en zonas de baja densidad de población, disminuyendo la congestión de las zonas urbanas y aumentando la seguridad vial”. Asimismo, planteará “la obligación de desarrollar zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes”.
El impulso al cáñamo industrial es otra de las iniciativas de Más País, ya que se trata de “un cultivo con propiedades muy versátiles” para la bioconstrucción, los bioplásticos, las fibras textiles o la celulosa. “España cuenta con tradición histórica de cultivo de cáñamo y enormes posibilidades agronómicas al respecto, pero se trata de un ámbito industrial infradesarrollado ante la ausencia de políticas industriales coherentes y decididas”, asegura este partido, que aboga por revertir “el abandono público de la política industrial del cáñamo con el objetivo de liderar a nivel europeo este sector”.
Por último, y entre otras muchas medidas, destaca la titulada ‘Financiación local sin hipotecas inmobiliarias’. La formación de Errejón sostiene que “en conexión con la reforma de la financiación de las entidades locales” se dote a la misma de una nueva estructura fiscal con la que “dotar a esta de más objetividad y certidumbre en la asignación de recursos presupuestarios”. Y esto pasa por “desvincular definitivamente la financiación de los Ayuntamientos de los ciclos de expansión inmobiliarios”. “Con esto”, explica, “lograremos sentar las bases de un urbanismo razonable al tiempo que desactivaremos uno de los bucles de retroalimentación más perversos de la corrupción institucional de España”.
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