Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España
El Banco de España publicó sus últimas proyecciones macroeconómicas el pasado septiembre. En ellas, se anticipaba un crecimiento del 6,3% en 2021 y del 5,9% en 2022 “bajo el supuesto de la continuación del proceso de mejora de la situación epidemiológica tanto en España como en el resto del mundo, la prolongación del tono expansivo de las políticas de demanda, tanto monetarias como fiscales, y un uso intensivo de los fondos del programa Next Generation EU (NGEU)”.
Hernández de Cos ha aclarado que el Banco de España no publicará nuevas previsiones hasta diciembre, pero sí ha avisado de que en ellas algunos factores que han afectado a la economía “permiten anticipar una revisión significativa a la baja del crecimiento del año corriente en España”.
Entre los factores “con capacidad de afectar de forma adversa las perspectivas de la economía española es el reciente repunte de la inflación”, ha explicado el gobernador, que ha inaugurado en el Congreso la ronda de comparecencias por los Presupuestos Generales del Estado. Si bien este repunte inflacionista “obedece fundamentalmente a factores de naturaleza transitoria, todavía es pronto para saber cuál será el grado final de persistencia de este fenómeno”, ha advertido, y “cabe pensar que, en los próximos meses, seguiremos observando tasas relativamente altas de inflación”.
Buena parte de esta inflación viene provocada en buena medida por los bienes energéticos. Aunque se espera que el encarecimiento tenga una “naturaleza transitoria”, ha explicado, “cuanto mayor sea esa duración, mayor será la probabilidad de que el aumento de la inflación gane persistencia, tanto porque los aumentos de costes se filtren con mayor intensidad a los precios finales como porque el alza de estos dé lugar a mayores demandas salariales”.
En lo que respecta al episodio concreto del alza del precio de la electricidad, Hernández de Cos ha explicado que “pueden servir de guía las estimaciones internas obtenidas en el Banco de España a través de distintas metodologías, que apuntarían a un impacto de entre 2 y 3 décimas de PIB al cabo de tres años para un incremento permanente de un 10% en el precio de la electricidad pagado por los consumidores”.
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