Según el mencionado informe, en 13 comunidades autónomas los expedientes tardaron mucho más de seis meses, que es lo que fija la ley, en ser resueltos durante 2021, “el primer ejercicio tras el zarpazo más duro de la pandemia”. En concreto, el tiempo medio de espera a nivel nacional desde que se hace la solicitud hasta que se resuelve la prestación ha sido de 421 días, unos 14 meses. Desde que se publican estas cifras, la mejora, afirma esta asociación, “ha sido muy tímida”.
En 2020 y 2019, los plazos de resolución se situaban en 430 y 426 días, respectivamente. Y, en ambos casos, fueron 15 las autonomías que superaban ampliamente la barrera fijada en la normativa estatal.
Por territorios, Canarias se sitúa a la cabeza en tiempo de espera con 943 días. Tras estas islas, Andalucía (680), Cataluña (580), Murcia (573) y Extremadura (550). Frente a esta situación, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa 49 días en Ceuta, en 117 en Castilla y León y en 141 en Cantabria, por ejemplo.
“Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones”, censuran los Directores y Gerentes en Servicios Sociales.