Tal y como afirman desde CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, el departamento de María Jesús Montero ha iniciado la negociación de la oferta de empleo público correspondiente a este año, con la que se busca “dar respuesta a las necesidades acuciantes en los diferentes ámbitos de la Administración General del Estado”.
Desde esta organización sindical han reclamado una oferta de empleo “masiva” que permita desde este año “el refuerzo de servicios clave que se han visto deteriorados como consecuencia de las políticas de recorte y la amortización de plazas de personal jubilado de los últimos años”. En este sentido, apuntan al SEPE, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, Agencia Tributaria o a Instituciones Penitenciarias, entre otros organismos.
“Pese a las ofertas de empleo público de 2021 y 2022, únicamente se han creado 7.504 plazas netas, lo que contrasta con los más de 54.000 empleos perdidos desde 2010”, critican desde CSIF. Además, continúa en una nota, “se da la circunstancia de que más del 60% de la plantilla se jubilará previsiblemente en los próximos 10 años, lo que supone la pérdida de 136.000 empleos adicionales”.
“Esta situación es muy preocupante y está afectando al funcionamiento de servicios clave cuyas plantillas se encuentran muy envejecidas y tensionadas por la carga de trabajo”, advierte el sindicato.
En la reunión de hoy se ha puesto encima de la mesa “una serie de criterios generales” sobre los que los sindicatos trabajarán para concretar una oferta de empleo público que contribuya a la creación de empleo neto y al rejuvenecimiento de plantillas. También, sostiene CSIF, para “reforzar la atención a la ciudadanía y a los organismos más tensionados de la Administración del Estado, así como la justicia o la administración local”.
