Oficina de la Agencia Tributaria
Los ‘Pandora Papers’ son fruto de una colaboración periodística en la que han participado más de 600 periodistas de 150 medios y casi 120 países, que han examinado 12 millones de documentos obtenidos de 14 despachos que se dedican a la creación de sociedades ‘offshore’.
El proyecto ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en el que participan La Sexta y El País como socios españoles, y del que forman parte medios internacionales como The Washington Post ó The Guardian.
Según ha explicado La Sexta, el escrito de requerimiento de la ONIF, fechado a 6 de octubre, solicita el envío de «la información con trascendencia tributaria relacionada con los archivos secretos de catorce despachos de abogados especializados en operaciones en paraísos fiscales, que saca a la luz sociedades de políticos, millonarios y artistas de más de noventa países».
La ONIF señala que esta información «resulta necesaria para el desarrollo de las actuaciones que tienen encomendadas los Servicios de Inspección de la AEAT, y que tiene trascendencia tributaria al recoger hechos o actos que pueden ser útiles a la Administración para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica».
Hacienda da un plazo de diez días a ambos medios para que entregue la documentación requerida y, sobre todo, apunta La Sexta, la que permite sostener que «en los Pandora Papers figuran un total de 601 personas de nacionalidad española y 751 sociedades offshore ligadas a dueños o empresas con direcciones en territorio español».
En concreto, la ONIF requiere el listado de las sociedades ‘offshore’ relacionadas con personas vinculadas con territorio español, junto con todos los detalles disponibles; listados de accionistas, beneficiarios, directores, intermediarios o cualesquiera otras personas o entidades relacionadas con tales sociedades; detalle de las relaciones entre las distintas personas o entidades; y documentos, imágenes, correos electrónicos, hojas de datos o archivos de otro tipos relacionados.
Precisamente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido entrevistada este viernes en La Sexta, donde ha dicho que «era de prever» que la Agencia Tributaria realizara este requerimiento para impulsar de oficio actuaciones de investigación.
«Yo confío plenamente en la independencia, en la capacidad, en los instrumentos y en la plantilla de la Agencia Tributaria y estoy segura de que pondrá todos los medios para que si se ha producido un desfalco a la Hacienda Pública, si alguien ha defraudado, que pague lo que corresponda y las sanciones correspondientes», ha subrayado en declaraciones a la cadena recogidas por Europa Press.
Montero ha insistido en que todo el mundo tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias y que, con la nueva ley antifraude, se continuará persiguiendo a aquellos «malos ciudadanos» que no cumplen «a costa del resto».
La ministra ha recordado que la lucha contra el fraude fiscal permitió aflorar el año pasado 17.000 millones de euros y que una de las cosas a perseguir son las sociedades pantalla. «La Agencia Tributaria tiene experiencia y confío en su trabajo y en su buen hacer», ha apuntado.
Montero ha abogado por que la UE tenga un papel más importante en la lucha contra el fraude porque se necesita cooperación internacional y un marco fiscal con ciertas similitudes, que impida que cada país tenga sus propias reglas y se eviten dificultades, por ejemplo, a la hora de pedir una comisión rogatoria.
«La alianza en la que estamos la gran parte de los países para proporcionarnos mutuamente información se tiene que ampliar. Una lucha global contra el fraude es mucho más efectiva que la que podemos hacer cada uno por separado», ha indicado la ministra, que ha añadido que esto ayudaría a seguir el dinero una vez cruza las fronteras para «diluirse» en países que son «fiscalmente agresivos».
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