Según informa el departamento de Montero, que a partir de ahora recibirá las aportaciones y observaciones de todos los territorios. En ese sentido, Hacienda ha instado a que dichos comentarios y mejoras se trasladen a partir de ahora y durante el mes de enero.
Asimismo, destaca que “el informe no sale de la nada, sino que parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación”. “Lo que significa”, continúa, “que se ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades que han participado en estos foros”. Además, apunta que esta propuesta “considera que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto, algo sobre lo que existe un notable consenso”.
Sin embargo, asegura que “es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto”. “Actualmente, se dispone de más y mejores datos estadísticos que cuando se aprobó el modelo vigente en 2009. Por lo tanto, es posible apostar por un cálculo de población ajustada más realista, sofisticado y con mayor estratificación”.
Hacienda también ha analizado empíricamente la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones. De esta manera, en el caso del gasto sanitario, su peso en la población ajustada aumentaría respecto al sistema actual y pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40% y el 45%.
Respecto a Educación, se decanta por el siguiente modelo:
– Evaluar las necesidades de la población no universitaria. Es decir, la población de 0 a 17 años según el padrón y la entrada de alumnos de FP Superior procedentes de otras comunidades, para tener en cuenta el trasvase que se produce de manera significativa hacia determinados territorios.
– Evaluar las necesidades de la población universitaria. Es decir, población del padrón de 18 a 24 años y la llegada de alumnos universitarios de otras comunidades.
No obstante, el documento plantea una segunda opción que incluirían la población no universitaria de 0 a 17 años y la población universitaria de 18 a 24 años. Es decir, sin incorporar los alumnos procedentes de otras Comunidades Autónomas.
Una tercera posibilidad también recogida en el informe es una población no universitaria de 1 a 17 años y alumnos de Formación Profesional superior y una población universitaria basada en los alumnos matriculados. La ponderación de esta variable de gasto en educación también se incrementaría desde el 20,5% actual hasta una horquilla que varía entre el 25% – 30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria el resto.
La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5% y pasaría a ser entre un 6% o un 10%. Dentro de esta variable, el padrón de las personas mayores de 65 años pesaría entre un 80% o 90% y el de los parados entre un 10% o 20%.
Respecto al gasto en el resto de servicios que realizan las comunidades, tras analizar diferentes alternativas, la propuesta es mantener la estructura actual respecto a esta variable. En este caso, la ponderación de este indicador se reduciría del 30% actual a un baremo entre el 18% y el 22%.
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