Hacienda ofrece a Podemos equiparar en 2021 las bajas de paternidad y maternidad de los funcionarios

María Jesús Montero, ministra de Hacienda
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El Gobierno de Pedro Sánchez ha ofrecido a Podemos ampliar la baja de paternidad de los funcionarios gradualmente hasta los 4 meses en 2021, según ha adelantado el confidencial. La propuesta –que supondría la equiparación de las bajas de paternidad y maternidad para los funcionarios públicos- está recogida en el documento “Contribución al cambio social desde la política presupuestaria” que Hacienda envió este lunes a los negociadores de Unidos Podemos, con quienes busca pactar la senda de estabilidad.

Este medio online explica que la intención del Ejecutivo es que el permiso de paternidad aumente gradualmente: En 2019 serían ocho semanas; en 2020 subirían a 11 semanas, y en 2021 llegarían a 16 semana e n el año 2021 cumpliendo finalmente con la equiparación de períodos para padre y madre.

En este documento no se calcula el coste de la medida, pero elconfidencial.com recuerda que cuando lo negociaron PP y Ciudadanos ampliar una semana la baja de paternidad para todos los trabajadores se calculó que la medida tendía un coste cercano a los 300 millones de euros.

El dinero no llega

Y mientras Hacienda negocia con Podemos aumentar la baja de paternidad a los empleados públicos, parece que no hay dinero suficiente para pagar los atrasos de la subida salarial del 1,75% prevista para los funcionarios y empleados públicos en los Presupuestos del 2018, por lo menos según lo que cuenta lainformación.com.

Según dicho medio “la mayoría de los funcionarios adscritos a la Administración del Estado tendrán que esperar hasta el mes de septiembre para ingresar en sus cuentas los salarios pendientes por la tardía aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y, como consecuencia de ello, la activación retardada de las condiciones previstas en el acuerdo salarial firmado entre el Gobierno y los sindicatos de funcionarios en marzo.

Este medio explica que la solución estándar planteada desde el Gobierno – y que han seguido ministerios como el de Economía, Trabajo o Industria – ha sido aplicar ya en la nómina de agosto la subida general del 1,5% que se preveía en el acuerdo salarial de marzo y retrasar a septiembre el pago de los atrasos acumulados en los siete primeros meses del año, junto a la aplicación de la subida adicional del 0,25% que se preveía en dicho acuerdo para este año.

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