Hacienda estudia que los ayuntamientos usen su superávit para construir vivienda pública

Los ayuntamientos quieren promover más VPO para atender a los grupos sociales más necesitados y contrarrestar las subidas de precios que están expulsando a muchos vecinos de las ciudades, pero están constreñidos por la regla de gasto. Y por ello, un grupo de Consistorio, liderado por el de Madrid, ha solicitado al Ministerio de Hacienda que permita sacar la inversión en vivienda pública del gasto computable para la regla de gasto e incluirla en el catálogo de inversiones financieramente sostenibles (IFS), un cambio de criterio que permitiría a los municipios con superávit destinar una parte de este saldo positivo a la promoción de vivienda pública.

Según informa hoy elconfidencial.com aunque la propuesta formal se realizará en el marco de las reuniones del Ministerio de Hacienda con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) para flexibilizar la regla de gasto, Hacienda ya está estudiando esta posibilidad. Recalcando que esto supondría dejar de considerar la inversión en vivienda como un gasto corriente para considerarlo un uso coyuntural del superávit.

Y recuerda que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó el pasado fin de semana, en una entrevista en ‘eldiario.es’, que “la vivienda de protección oficial debe ser una de las inversiones prioritarias dentro de la ejecución financiera del superávit”. Unas palabras que van en línea con la intención del ministerio de ampliar el catálogo de inversiones financieramente sostenibles para incluir la vivienda pública.

Hace notar el citado medio online que la FEMP y Hacienda están negociando otras vías para ampliar el catálogo de IFS. Y dice que la propuesta que está más avanzada es la de permitir que las inversiones puedan ejecutarse durante dos años. Actualmente, toda la ejecución se tiene que realizar en el año siguiente a su aprobación, lo que impide que puedan elaborarse obras cuya construcción requiera más tiempo. Además, las IFS tienen que ser autorizadas por Hacienda y la aprobación definitiva suele tardar unos tres meses, lo que retrasa las operaciones.

El segundo punto que está en el aire es permitir a las administraciones construir guarderías con cargo a las inversiones financieramente sostenibles. Elconfidencial.com explica que “esta iniciativa, lanzada por el Ministerio de Hacienda, se engloba en el plan del Gobierno por fomentar la escolarización en las edades más tempranas (de cero a tres años) para facilitar la integración de la mujer en el mercado laboral”.

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