La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. (Foto: Congreso)
Así se desprende de la memoria económica del decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde se detalla que los cálculos de esta estimación se han realizado con la información disponible de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), el Instituto Nacional de Estadística (INSS), y el Ministerio del Interior.
La ayuda está diseñada para aquellos hogares con rentas inferiores a los 27.000 euros anuales y con un patrimonio no superior a los 75.000 euros, con el objetivo de «paliar situaciones de vulnerabilidad económica no cubierta por otras prestaciones de carácter social».
Asimismo, la norma especifica que los hogares beneficiarios del Íngreso Mínimo Vital (IMV) o de algún tipo de pensión no podrán acceder a la ayuda.
Tampoco podrán acceder quienes perciban prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesionales no integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado.
Los posibles beneficiarios de la ayuda podrán pedir el cheque entre el 15 de febrero y el 31 de marzo de este año, por lo que solo contarán con mes y medio para realizar la solicitud. Además, deberán hacerlo en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, rellenando el formulario electrónico que estará a su disposición en ese plazo.
Por otro lado, la memoria desglosa el coste para las arcas públicas de la prórroga del incremento del 15% de las pensiones no contributivas y de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) durante 2023. Según calcula el Ministerio de Inclusión Social, la prórroga de esta subida en las prestaciones rondará los 1.100 millones de euros.
Para estimar el impacto presupuestario del aumento del 15% del importe percibido del IMV se ha tenido en cuenta que del mismo se benefician del orden de 402.424 hogares. Así, el gasto total de esta prestación en el primer semestre de 2023, una vez considerado el incremento extraordinario hasta alcanzar el 15%, es de 210,14 millones de euros, cifra que asciende hasta los 420,3 millones en su cálculo anual.
Sin embargo, el Gobierno explica que, teniendo en cuenta los remanentes, es necesario un suplemento de crédito para financiar el incremento extraordinario de unos 51,5 millones de euros por semestre y de 103 millones al año.
Por su parte, teniendo en cuenta el número de beneficiarios de pensiones no contributivas (446.000), se estima que el gasto total en estas prestaciones en el primer semestre del año 2023 será de 207,58 millones de euros y de 415 millones en todo el año. El incremento en la cuantía de estas prestaciones hasta alcanzar el 15%, se financia con un suplemento de crédito de 90 millones semestrales y 180 millones anuales.
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