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Hacia un modelo de pensiones sostenible

Recientemente se han puesto en audiencia dos textos normativos para transponer a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva europea sobre requisitos para reforzar la movilidad de los trabajadores, y cuyo impacto en nuestra legislación va a ser muy limitado. No obstante, sería conveniente aprovechar la tramitación de estos Proyectos normativos para incorporar diversas modificaciones normativas que doten de mayor flexibilidad y competitividad a los Planes y Fondos de Pensiones, así como a sus Gestoras.

Entre dichas modificaciones se destacan, la flexibilización del régimen de inversiones y del límite de acumulación de comisiones por inversión en vehículos gestionados; el envío telemático de información periódica; la regulación del préstamo de valores; la aplicación al comercializador de la consideración de cliente en relación con las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales.

Sin embargo, es más relevante definir un modelo de pensiones integrado (reparto y capitalización) que sea sostenible y al mismo tiempo otorgue pensiones adecuadas en el horizonte, ya cercano, de 2030 y 2040.

Para ello, debe fijarse un plan de acción en el que el Gobierno, Parlamento, representantes sindicales y empresariales y el sector privado puedan participar activamente y cuyos puntos principales deberían ser los siguientes:

1. Envío del informe sobre pensión estimada que, a pesar de la obligación que impuso la Ley 27/2011, sigue sin ser remitido al domicilio de los trabajadores actuales. La puesta a disposición de esta información en la página web de la Seguridad Social informa en euros corrientes sin descuento de inflación, generando así una ilusión monetaria.

2. Establecimiento de un sistema de autoadhesión, ofrecido obligatoriamente por las empresas a los trabajadores en el que estos últimos pueden rechazar su inclusión, si así lo manifiestan.

Este modelo está en fase exitosa de implementación en el Reino Unido y ha generado ya la adhesión de más de 6 millones de trabajadores británicos, siendo sólo un 8% de los trabajadores los que han manifestado su rechazo a ser incluidos en el Plan.

3. Incorporar las siguientes medidas en Planes de Pensiones:

– Restablecimiento de los beneficios fiscales que tenían las empresas para la aportación a Planes de Pensiones en favor de sus trabajadores: deducción del 10% en la cuota del Impuesto de Sociedades (hasta 2006) y exclusión de las aportaciones empresariales de la base de cotización a la Seguridad Social (hasta 2012).

– Mejora en la fiscalidad de las prestaciones, separando los rendimientos generados, que deberían tributar a la base mínima del impuesto sobre el ahorro (actualmente en el 19%), de las aportaciones realizadas, que deberían seguir tributando como rendimientos del trabajo al tipo marginal del IRPF.

– Exención de las plusvalías por venta de inmuebles a los mayores de 65 años, que actualmente suponen 4,4 billones de euros de activos en las familias españolas, siempre que se incorporen a Planes de Pensiones con prestación en forma de renta financiera a largo plazo.

Por Ángel Martínez-Aldama

Presidente de Inverco