Según ha informado la firma de hemoderivados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la denuncia alega que los demandados obtuvieron “una considerable posición en corto” en Grifols, publicando y distribuyendo posteriormente un informe “con falsedades sobre la contabilidad, las comunicaciones, las finanzas y la integridad de Grifols”.
La empresa catalana solicita en esta demanda, la aplicación de medidas cautelares para que los demandados se retracten y no persistan en sus actuaciones, a la vez que se solicita un resarcimiento económico que no han cuantificado.
Grifols solicita también ante el tribunal neoyorkino que los demandados sean considerados “plenamente responsables” por el “comportamiento ilícito” alegado en la demanda, según Europa Press.
La compañía ha emprendido esta acción legal la misma semana en la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comenzado a analizar la información remitida por la propia Grifols sobre diversos aspectos de su contabilidad, entre ellos, los vínculos de la compañía catalana con el ‘family office’ Scranton.
“Como ocurre en este tipo de procesos, dicho análisis puede requerir que se recaben informaciones aclaratorias o complementarias y, dada la complejidad de las cuestiones sobre las que versa, puede demorarse unas semanas sin poder determinar una fecha concreta para su conclusión”, señaló el pasado martes el organismo supervisor, que tiene la firme determinación de esclarecer la situación “a la mayor brevedad posible” y de que se hagan públicas las conclusiones de sus actuaciones.
“No es posible, obviamente, anticipar dichas conclusiones ni las actuaciones correspondientes en la fase actual, ni tampoco hay evidencias a día de hoy, con la información pública disponible, de que la información publicada y auditada de Grifols no sea conforme con la normativa”, indicó el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura.
Más allá de la revisión de la información financiera de Grifols, la CNMV está analizando también la conducta del fondo Gotham en cuanto al contenido de su informe, el modo en que fue difundido y las operaciones de mercado conexas. El objeto, según el organismo supervisor, es determinar si dicha conducta es conforme con las normas europeas sobre abuso de mercado, en particular las que abordan la difusión de información engañosa.
